Alemania endurece su política migratoria ante la presión social y política

La inmigración es uno de los asuntos más espinosos de Alemania. El país alberga a más de tres millones de refugiados y personas bajo protección internacional, entre ellos más de un millón de ucranianos y cerca de un millón de sirios llegados durante la crisis migratoria de 2015, cuando Angela Merkel abrió las fronteras a quienes huían de la guerra y del colapso humanitario en Siria. Pero la contestación que marcó aquellos años ha dejado las calles para instalarse en las urnas, el Parlamento, los tribunales y el Ministerio del Interior.

Uno de los detonantes de ese cambio fueron los apuñalamientos mortales de Mannheim, Solingen y Aschaffenburg.

En dos de esos casos, las autoridades habían rechazado previamente las solicitudes de asilo de los agresores o habían decidido que debían abandonar Alemania. La exigencia de un mayor control de la inmigración y de más seguridad dejó así de ser patrimonio casi exclusivo de la ultraderecha para convertirse en una demanda transversal, alimentada por las dudas sobre la capacidad del Estado para ejecutar expulsiones y hacer cumplir sus propias decisiones migratorias.

A ello se suma una población irregular difícil de cuantificar. Según los últimos datos de Eurostat, las autoridades alemanas detectaron en 2024 cerca de 250.000 personas sin permiso de residencia o estancia legal, la cifra más elevada de toda la Unión Europea y alrededor del 27% del total registrado en el conjunto comunitario.

El cambio en la política migratoria se percibe con claridad desde la llegada al poder de los conservadores de Friedrich Merz, que gobiernan en coalición con el Partido Socialdemócrata. El nuevo Ejecutivo —en el que figuras especialmente duras en materia migratoria, como el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, desempeñan un papel central— ha situado el endurecimiento migratorio en el centro de su acción de gobierno: más controles fronterizos, más devoluciones y una política de deportaciones más agresiva. Alemania mantiene controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Austria y otros países vecinos, una medida que hace apenas unos años habría resultado difícil de imaginar en el corazón del espacio Schengen. Responde así no solo a una creciente demanda social de mayor control y seguridad, sino también a uno de los principales argumentos que durante años impulsó el avance electoral de Alternativa para Alemania.

Alemania deportó el pasado año a más de 20.000 personas, la cifra más elevada de los últimos años. Se han reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán y ampliado las deportaciones de delincuentes condenados a sus países de origen. Paralelamente, el Gobierno ha impulsado medidas para reducir el atractivo del país como destino migratorio. Los nuevos refugiados ucranianos, por ejemplo, ya no reciben automáticamente las mismas ayudas sociales que hasta ahora, una decisión que el Ejecutivo justifica por la necesidad de reducir incentivos y limitar el llamado efecto llamada.

El endurecimiento alcanza también al discurso político. Esta primavera, tras recibir con honores de Estado al presidente interino sirio, Ahmed Sharaa, Merz afirmó que alrededor del 80% de los más de 900.000 sirios residentes en Alemania deberían regresar a su país en los próximos años para participar en su reconstrucción. Berlín impulsa además, junto a otros socios europeos, una ampliación de la lista de países considerados seguros para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y facilitar las devoluciones, y ha suspendido la vía rápida hacia la nacionalidad alemana introducida por el anterior Gobierno, que permitía a determinados extranjeros obtenerla tras cinco años de residencia.