Anulación del registro de viviendas turísticas: un revés para las ciudades y el turismo español

La desactivación del coloquialmente llamado registro único de viviendas turísticas es una mala noticia para la vitalidad de las ciudades y, subsecuentemente, la imagen y contribución social del sector turístico español.

Más allá de su justificación jurídica derivada del debate competencial que ha originado su anulación por parte del Tribunal Supremo, desde su entrada en vigor el 1 de julio de 2025, la introducción del Registro vinculado a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos (su nombre real, VUDA, su acrónimo) había conseguido ayudar a resolver uno de los principales problemas que asolaban a las ciudades españolas: la comercialización ilegal como oferta turística de viviendas que no cumplen con la normativa desarrollada para su ordenación.

Una realidad que hace algunos meses el propio Ministerio de Consumo cifraba en nada menos que en 65.000 anuncios de viviendas ilegales (320.000 plazas), desplazadas hacia el mercado turístico frente al uso residencial para el que fueron planificadas urbanísticamente.

En esos meses, la aplicación de la VUDA, diseñada por el Gobierno desarrollando un Reglamento Europeo con la certera involucración de los registradores de la propiedad, había empezado a “limpiar” las plataformas digitales de las viviendas y habitaciones que no cumplían con las normas turísticas, urbanísticas y de propiedad horizontal que las regulaban.

Empezaba a resolver el gran caballo de batalla de la última década para racionalizar el crecimiento descontrolado y desbordante de la vivienda turística: las dificultades de los ayuntamientos y comunidades autónomas para hacer cumplir sus normativas con los sistemas tradicionales de inspección.

Un reto que venía afectando a dos factores determinantes de la vida urbana: el stock de viviendas en un momento de escasez, y la dimensión del turismo y su equilibrio con la calidad de vida de los que lo habitan, en un mercado de crecimiento de la demanda.

La dimensión y concentración territorial en los lugares más emblemáticos de cada ciudad, centros históricos y frentes marítimos, había provocado en ambos planos efectos no deseados: la reducción de las viviendas disponibles para residir (expulsando a residentes) y el crecimiento desequilibrante de turistas vía mayor congestión al duplicarse la oferta de alojamiento turístico, situándose en los rellanos de los edificios (deteriorando la imagen del turismo por su afectación a estos aspectos clave de la calidad de vida).

Sirva como testimonio de su afección que el encarecimiento de los precios de la vivienda es el principal efecto negativo del turismo que señalan los residentes en estos lugares, según la primera encuesta elaborada recientemente sobre este tema por la Secretaría de Estado de Turismo.

Este diagnóstico provocó que desde 2015, primero las comunidades autónomas (por sus competencias en turismo), seguido de muchos ayuntamientos (en este caso desde el urbanismo), respondieran con nuevas regulaciones crecientemente restrictivas de la vivienda turística.

Ese fue el caso de Barcelona y San Sebastián, al inicio, a las que se fueron sumando Madrid, Palma, Sevilla, Valencia… El objetivo en cada caso: garantizar el deseado equilibrio entre vivienda, turismo y calidad de vida de los residentes.

Todos ellos saben de las dificultades que han sufrido para luchar contra la facilidad de subir a una plataforma un anuncio de una vivienda para alquilar por días, derivado de la mayor rentabilidad que alquilarlo por años para residir, y los medios en los que han tenido que invertir para racionalizar este fenómeno y eliminar la ilegalidad.

La retirada del Registro supone un reto para todo el sistema de gestión pública. No nos podemos permitir que un debate competencial lleve a relajar lo que era un positivo instrumento para velar por la legalidad de un fenómeno con tantas implicaciones para el acceso a la vivienda y la contribución positiva del turismo.

En este punto, es necesario saber cuál es la alternativa propuesta por los que tienen capacidad para actuar, sin volver a lo que no ha funcionado en la última década.