Asesinato de Kimberli en Figueres

En Figueres y en muchos sectores de la ciudadanía existe la sensación de que se podía haber evitado la muerte de Kimberli. La mujer murió acuchillada este martes a manos de su expareja, un hombre que había sido condenado solo 24 horas antes por malos tratos y sobre quien recaía una orden de alejamiento que quebrantó hasta dos veces en un día con el resultado que ya se conoce.

El primero en alzar la voz fue este mismo martes el alcalde de Figueres, Jordi Masquef, al indicar poco después del crimen que “algo había fallado”. Hoy miércoles, tras el minuto de silencio de condena de los hechos, insistió en la misma idea y anunció que el Consistorio se presentará como acusación popular en la causa.

“El asesinato de ayer nos debe llevar a reflexionar y a preguntarnos por qué el sistema ha fallado a una persona que había pedido protección”, expuso el alcalde, abogado de formación. La portavoz del Espai d'Intercanvi Feminista de l'Empordà, Judit Romero, también cargó contra el sistema y exigió “respuestas” para saber qué parte del protocolo no había funcionado.

El caso, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones, encierra una cadena de acciones que no protegieron lo suficiente a Kimberli, una mujer transexual de 33 años y origen hondureño, que murió a manos de la que había sido su pareja, un hombre de 48 años y nacionalidad española con varios antecedentes policiales. Fuentes vecinales no confirmadas por la policía apuntan que había cumplido pena de cárcel por un delito de homicidio.

Según la cronología del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que hizo pública el martes por la noche, entre el lunes por la mañana y el mismo martes a las 14.45 de la tarde, hora del crimen, hubo una concatenación de hechos y de actuaciones que dejan en el aire todavía muchas preguntas sin responder.

El lunes por la mañana se celebró un juicio rápido contra el presunto homicida, Andrés R., por un delito de malos tratos contra la víctima, que se habría producido días antes. La vista se saldó con la imposición de una pena de conformidad por malos tratos de seis meses de cárcel, una orden de alejamiento de 250 metros y la incomunicación con la víctima durante un año y cuatro meses.

Pero pocas horas después fue arrestado de nuevo por un delito de supuestas lesiones contra la misma víctima, que fue citada el martes por la mañana a declarar ante el juez de guardia de la plaza 5 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Figueres.

Ese mismo día Kimberli también estaba citada ante el forense para que le evaluara las lesiones que presentaba. El caso lo llevaba un juez distinto al que había condenado por malos tratos el día anterior al agresor, pero ambos magistrados operan en el mismo edificio de la calle Arnera.

Pero la víctima no se presentó a la cita. Ahí está una de las incógnitas de los hechos. ¿Por qué no acudió? Fuentes del TSJC informan que la mujer estaba en el sistema Viogén, una herramienta creada por Ministerio del Interior para mejorar la protección de las víctimas de violencia de género en España.

Figurar en este sistema implica que, al margen de una orden de alejamiento, la víctima puede tener asistencia jurídica gratuita, protección policial en función del nivel de riesgo, atención psicológica y social, recursos de acogida si es necesario abandonar el domicilio o información actualizada sobre su procedimiento. De lo que carecía eran de otras medidas extraordinarias como una pulsera antimaltrato.

No se sabe por qué Kimberli no acudió a la cita con el juez ni con el forense, si fue por miedo del agresor o por alguna otra razón, si contó con asistencia para hacerlo ni si hizo uso de las herramientas del Viogén. La cuestión es que el juez, ante la incomparecencia de la víctima, dejó en libertad al agresor, que se encontraba en los calabozos, y se inhibió del caso a favor del juzgado 7, el que un día antes había dictado la pena por malos tratos. El hombre ni llegó a declarar en dependencias judiciales por esa detención. Pocas horas más tarde mataba a Kimberli en plena calle.

¿Por qué viendo los antecedentes y que en apenas horas había quebrantado la orden de la alejamiento y agredido de nuevo a su expareja el juez no alargó la detención? Fuentes judiciales apuntan que no lo podía hacer ya que sin la declaración de la víctima y del informe forense, un trámite médico indispensable para acreditar las lesiones, no podía dilatar la privación de libertad. Además se escudan en que los procedimientos eran distintos, uno llevado por el juzgado número 7, el que tiene competencia en violencia sobre la mujer, y otro por el de guardia. “No se ha hecho nada al margen de la ley”, dicen.

El juez sí pudo haber reclamado la comparecencia de nuevo de la víctima a los juzgados para que declarara y fuera visitada por un médico forense otro día, pero probablemente no tuvo tiempo de hacerlo. Horas después de dejar al ya homicida en libertad moría apuñalada a plena luz del día en una plaza. El juez que acudió a realizar el levantamiento del cadáver era el mismo que horas antes había dejado en libertad al agresor.