Begoña Gómez's defense questions judge's 'excessive haste' in prosecution

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado que el magistrado que ha propuesto juzgarla, Juan Carlos Peinado, haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.

El abogado y exfiscal Antonio Camacho denuncia la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.

Una resolución con un razonamiento "jurídicamente inaceptable", según argumenta el letrado en su recurso, en el que cuestiona que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.

Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez Peinado quiere que sean juzgados por un jurado popular, y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos.

A la mujer de Pedro Sánchez el juez le imputa presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación por hechos que giran en torno a la citada cátedra que codirigió, al software que se creó en su seno, y a las labores que ejercía su asesora y que, según el juez, entraban en la esfera profesional y privada de Begoña Gómez.

Imputaciones que la defensa refuta, entre otros elementos, con varios informes periciales sobre "los tres ejes fácticos sobre los que se construye la acusación" —si hubo perjuicio económico para la Complutense, la naturaleza de la cátedra y el reparto de responsabilidades entre Gómez y su asesora— que ahora el juez no le permite que sean ratificados en la audiencia preliminar.

Entre esos informes figura, por ejemplo, el que concluye que el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense no solo no causó un perjuicio económico a la entidad pública, como sostiene la universidad, sino que hubo "un superávit" de casi 13.000 euros.

La Complutense, en cambio, se personó en enero como actor civil y reclama "daños y perjuicios" ante una presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra que ascienden a alrededor de 113.000 euros. El abogado cuestiona que Peinado no le permita "contradecir pericialmente" dichas acusaciones antes de decidir si enviar a juicio a los procesados, lo que supone "una quiebra del principio de igualdad de armas", y subraya que el juez le ha denegado "la practica totalidad de las diligencias" que ha pedido.

Las que han sido practicadas, subraya, ha sido por decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Algo similar ocurre con la testifical del codirector de la cátedra; el juez rechazó llamarle a declarar a petición de Begoña Gómez cuando, según su abogado, "nadie mejor que quien compartió la dirección" de la cátedra "puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultado".