Catalunya's progressive majority holds strong as budget passes first hurdle

La mayoría progresista mantiene su vigor en Catalunya. Los presupuestos del Govern socialista presidido por Salvador Illa, acordados con sus aliados de investidura -ERC y Comuns- superaron este jueves su primer gran examen al decaer todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición. En la votación conjunta de las enmiendas, la mayoría de PSC, republicanos y ecosocialistas 68 votos se impuso frente a los 67 votos del resto de partidos, tras un debate enfocado en las carencias de Catalunya en ámbitos como las infraestructuras, los transportes, la vivienda, la sanidad y la educación, sobre todo tras el nuevo rechazo de los docentes al preacuerdo entre sindicatos y el Govern. Este asunto marcó el tramo final del debate, por encima de otros más colaterales, como los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE.

Ante las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana (AC), la consellera de Economia, Alícia Romero, defendió unas cuentas que “dan estabilidad y certidumbre en un mundo incierto y volátil. Que protegen los servicios públicos e impulsan la cohesión territorial. Es un presupuesto para el país entero”, aseguró. La consellera sustentó sus afirmaciones en el hecho de que las cuentas “impulsan la inversión” (4.126 millones de euros), “preparan Catalunya para los grandes retos de futuro” (con 11.000 millones de euros para la generación de riqueza), y “protegen a la ciudadanía y apuestan por la prosperidad compartida” (3 de cada 4 euros son para políticas sociales).

Romero elogió la forma en que el Ejecutivo de Salvador Illa logrará por fin aprobar sus primeros y previsiblemente últimos presupuestos de la legislatura, a través de una “exigente” y “a veces tozuda” negociación con ERC y Comuns, marcada por la negativa de los republicanos a apoyar las primeras cuentas que presentó el Govern este año. Tras meses de negociación, los republicanos acabaron dando su apoyo a cambio de una ristra de compromisos basados en la mejora del autogobierno que obligaron al Gobierno central a implicarse poniendo su sello en la última comisión bilateral con la Generalitat.

Romero ensalzó punto por punto los acuerdos con los aliados de investidura remarcando los “avances en autogobierno” pactados, que fundamentalmente son tres: el futuro refuerzo de la ATC, la creación de un consorcio de inversiones y el acuerdo para cogobernar con el Estado el Consorci de la Zona Franca. Con esto, según la consellera, estos presupuestos son “mejores que los presentados hace unos meses” porque los objetivos de proteger, invertir y avanzar “salen reforzados con dos acuerdos ambiciosos”, indicó.

La responsable de Economia no solo agradeció a los aliados de investidura su apoyo, también apeló al conjunto de la Cámara catalana invocando precisamente los actuales “tiempos inciertos”, ante los que “nos toca abrir caminos seguros entre todos”. Esta apelación cobró especial sentido cuando Romero se refirió a la nueva financiación autonómica, sobre la que pidió a Junts y al PP que “sean responsables y no bloqueen” en el Congreso de los Diputados una propuesta que a su juicio es buena para Catalunya y para el resto de España.

ERC y Comuns marcaron perfil en su apoyo a las cuentas a través de sus respectivos acuerdos con el Govern. La portavoz republicana, Ester Capella, aludió al “problema estructural” que representa el hecho de que “se decide lejos del país lo que depende la vida de nuestra gente” para justificar las medidas pactadas en materia de infraestructuras, Rodalies o gestión aeroportuaria, que suponen un avance en “soberanía política y social”. La dirigente situó los pactos entorno a los presupuestos como una respuesta ante el hecho de que “Catalunya necesita más capacidad de decidir, de soberanía, de gobernanza”, y un “refuerzo de los servicios públicos tras años de tensión acumulada”. “¿Qué tenía que hacer ERC? ¿Quedarse al margen mientras el país quedaba bloqueado? ¿Estar en prórroga permanente?”, cuestionó Capella.

La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, justificó el apoyo de su grupo porque “queremos que Catalunya tenga todos los recursos posibles y marcar la orientación política de este Govern, al menos en materia de vivienda”. Pero la dirigente advirtió a Illa de que este acuerdo es solo un pacto de presupuestos, “ni más ni menos”, y “no un cheque en blanco”. De esta forma, “cada vez que quiera acordar algo deberá negociar medida a medida y ley a ley” y si el Ejecutivo catalán quiere recibir su apoyo para los presupuestos del año que viene “dependerá” de si cumplen lo pactado y “se dejan de ocurrencias y de giros de guiones hacia la derecha”, entre las que citó la infiltración de los Mossos en asambleas de docentes, la gestión de Rodalies y de las bajas laborales.

Por contra, el principal partido de la oposición, Junts per Catalunya, presentó unos presupuestos “malos” para Catalunya porque “no la transforman, sino que la anestesian”. La presidenta de los posconvergentes en el Parlament, Mònica Sales, atacó con dureza al Govern y a sus socios por acordar unas cuentas que, a su juicio, “no responden a las necesidades de los catalanes ni resuelven ninguna de las crisis” que tiene Catalunya. En este sentido, aseguró que su veto al proyecto presupuestario se extiende a todo el tripartito: “Es una enmienda a la totalidad a la incompetencia del PSC, a las renuncias constantes de ERC y al extremismo de los Comuns”. Para JxCat, Catalunya está “peor” que hace dos años y vive “instalada en la mala gestión, la resignación y la dependencia”.

Desde el PP, Alejandro Fernández también lanzó una dura crítica poniendo el acento en la arquitectura política de los presupuestos, que se basa, a su entender, en un proyecto “al servicio de las miserias compartidas -”una sociedad de socorros mutuos”, dijo- del PSC y ERC”. Y, sobre todo, pensados para seguir alimentando el “gran comedero socialista”.

El líder del PP catalán criticó que la previsión de ingresos se sustenta en el “infierno fiscal” sobre los ciudadanos catalanes, mediante el cual se busca, sobre todo, el “control propagandístico” del Govern, ejecutado desde Presidència. La partida para este departamento crece el 25%, alertó, así como las destinadas a reuniones y al aumento de altos cargos... “Son los servicios de propaganda del nuevo conducator catalán, Salvador Illa”, destacó Alejandro Fernández.

Vox también alertó de la carga impositiva que, a su entender, soportan los catalanes a través de unas cuentas que no dan respuesta a las necesidades de la ciudadanía, y que el partido ultra redujo al concepto de “prioridad nacional”. El portavoz, Javier Ramírez, criticó así que los presupuestos primen “las paguitas” para los inmigrantes en lugar del fortalecimiento de los servicios sociales para los catalanes. La formación de extrema derecha resumió que el proyecto responde al pacto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. “Son la paga de ERC a los indultos y la ley de Amnistía”, situó Ramírez.

Desde la CUP, la diputada Laure Vega advirtió de que las cuentas representan “continuidad, inercia y resignación”: “No es mejorar, es administrar; no es construir un futuro, es llegar a la siguiente pantalla”. Vega el veto de su partido “no rebaja el precio de la compra, ni mejora Rodalies, ni blindan la inmersión lingüística ni se acabarán las listas de espera”.

Por parte de Aliança Catalana, Sílvia Orriols calificó el proyecto presupuestario de “triste, gris y mediocre”. La líder del partido islamófobo tildó de “pacto de la vergüenza” el trenzado por los partidos progresistas porque “no se planifica en base a la realidad”, y volvió a introducir la política de “puertas abiertas”: “Catalunya necesita recuperar la cultura del esfuerzo, del ahorro y de la responsabilidad, no una que genera efecto llamada”. La enmienda a la totalidad de su formación era a un “Govern totalitario”, calificó.