Cuban Economy's Collapse Threatens Spanish Investments

El derrumbe de la economía cubana, asfixiada por el embargo estadounidense y por la salida de hoteleras extranjeras amenazadas por la Administración de Trump, se está llevando por delante el importante caudal de inversiones españolas en el archipiélago.

La última versión del informe monográfico sobre el país que elabora periódicamente la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, con fecha de este mes de junio, recoge que hay censadas 70 operaciones de inversión procedente de España. A estas hay que sumar otros 70 contratos de gestión hotelera, en los que las firmas españolas no poseen los activos. En total, Cuba concentra un volumen de 465 millones invertidos por compañías de España desde 1993. Esa década, la de los noventa, fue la de mayor implantación del sector hotelero español en la isla. Los nuevos flujos, en cambio, han registrado mínimos históricos en los últimos ejercicios.

En el desglose por sectores, los hoteles acaparan el 34% de las operaciones, el tabaco un 29%, el comercio al por mayor el 24% y los servicios financieros el 8%. Pero si el análisis se centra en el montante desembolsado por las empresas, el mayor inversor, con gran diferencia, es Altadis, ahora integrada en Imperial Tobacco, que en 2000 compró el 50% de la empresa estatal Habanos SA por 439 millones de dólares (412 millones de euros). Esa empresa mixta produce y comercializa marcas de los cigarros prémium más demandados y valorados del mundo, como Cohiba, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey y H. Upmann. Y obtuvo un récord de ingresos en 2024 (último año con datos disponibles) de 827 millones de dólares (713 millones de euros).

La serie histórica que mide la Secretaria de Estado de Comercio de flujos de inversión bruta (el dinero que destinan anualmente las empresas) desde España hasta Cuba muestra que el deterioro de la economía caribeña viene de lejos. Desde 2018 hasta 2025, la inversión realizada por las empresas españolas se ha limitado a 3,451 millones de euros, distribuidos entre 3 millones en 2020, 442.230 euros en 2024 y 9.990 euros en 2023. Si se toman como referencia esos últimos ocho años, en cinco de ellos no hubo ninguna inversión extranjera española en Cuba, incluido 2025. Los 3,451 millones en total apenas suponen un 0,7% de los 465 millones de volumen de inversión acumulada desde 1993.

Pese a la elevada presencia de compañías hoteleras españolas en Cuba, que ahora abandonan parte de su actividad en la isla para evitar las nuevas sanciones estadounidenses, las hoteleras no invierten porque la propiedad de los activos siempre ha recaído en el Gobierno cubano. Empresas como Meliá o Iberostar, con 34 y 18 hoteles respectivamente hasta esta semana (Meliá se ha desprendido de 15 e Iberostar de 12 que están en manos de Gaesa, el conglomerado militar de Cuba amenazado con sanciones por Trump) no invierten en los activos. La propiedad recae en el gigante cubano, mientras que ellos son los titulares de los contratos de gestión de los hoteles y se encargan de labores como la contratación de personal, la compra de bebidas o alimentos o la contratación de actividades. Por todo ello cobran una comisión al propietario vinculada a los ingresos que se generen.

315 millones de deuda con los exportadores

La situación no es mucho mejor en el caso de los exportadores españoles. Las empresas españolas que mantienen relaciones comerciales con el Gobierno cubano denuncian que este les adeuda como mínimo alrededor de 300 millones de euros (entre deudas y otros fondos que no se pueden sacar de la isla). El documento, elaborado también por la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, apunta que el volumen de impagos que atesoran las empresas españolas es mucho mayor, llegando hasta los 330 millones de euros, ya que no se contabilizan como pasivo 39,5 millones de euros en dividendos retenidos, 23,6 millones en fondos procedentes de operaciones comerciales y 11,3 millones en cobros en Cuentas de Bienes Específicos (Finesp), unas cuentas que se nutren del pago de deuda de empresas estatales cubanas y cuyos fondos tampoco pueden ser transferidos al extranjero