David Sánchez Pérez-Castejón exculpado de un delito en el caso de la Diputación

El Tribunal de la Audiencia de Badajoz que enjuicia a David Sánchez Pérez-Castejón por su presunto 'enchufe' en la Diputación en el año 2017 ha resuelto este lunes exculpar al músico de uno de los delitos por los que ha sido procesado. Se trata en concreto del de aceptación de nombramiento ilegal, uno de los tres por los que hasta ahora estaba acusado. Era el más leve de ellos y conllevaba solo una multa. Por cada uno de los otros dos de tráfico de influencias con prevaricación se le reclama un año y medio de cárcel.

La eliminación de este delito se había pedido el jueves en la fase de cuestiones previas, sobre las que ha resuelto esta mañana el tribunal. Los magistrados no han admitido la cuestión general que pedía la defensa del hermano del presidente del Gobierno de que se anulara el juicio al ser el resultado de una "investigación prospectiva".

Su abogado, Emilio Cortés, sí ha conseguido una victoria moral en el arranque de la vista oral. La fiscal del caso se había adherido a la petición de la defensa de declarar que ese delito leve estaba prescrito, puesto que "está tipificado no con inhabilitación", sino con una pena de multa de tres a ocho meses" y por tanto "debe prescribir al año". La decisión no implica que su nombramiento no fuera delictivo y, de hecho, la acusación por ello se mantiene para otros acusados.

La segunda decisión del tribunal afecta a Miguel Ángel Gallardo, que no será investigado en el caso de la contratación en 2022 de Luis Carrero, amigo de David Sánchez, como su ayudante en la Oficina de Artes Escénicas cuando estaba trabajando de asesor en La Moncloa.

Las acusaciones habían incluido al ex presidente de la Diputación en este delito, pero no la juez del caso. Beatriz Biedma no imputó al ex líder del PSOE de Extremadura ni le tomó declaración por esta cuestión, como sí hizo a David Sánchez.

Beatriz Biedma no imputó a Gallardo por esta segunda contratación al considerar que no era un puesto de alta dirección y, por lo tanto, no entraba dentro de sus competencias este tipo de contrataciones, que tanto David Sánchez como el propio Luis Carrero dieron por hecho en mensajes de correo interceptados por la UCO durante la investigación.

En concreto, el puesto de Luis Carrero en la Diputación fue el de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que se encontraba en el organigrama de la Oficina de Artes Escénicas.

Con respecto a Miguel Ángel Gallardo, el tribunal considera que se trata de una acusación "sorpresiva", pues durante la instrucción y su interrogatorio "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible".

El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados. Además, todas las acusaciones en la causa -siete- han rechazado la decisión del tribunal de la Audiencia.

Las acusaciones se habían opuesto a que hubiera prescrito dicha acusación contra David Sánchez al considerar que el delito era continuado en el tiempo y que no sólo aceptó la plaza en 2017 sino que luego la adaptó a un nuevo cargo, el de la Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, en el año 2022.