EE.UU. y la reconstrucción de Irán: ¿un plan de inversión a cambio de ayuda militar?

Estados Unidos impuso a Ucrania el año pasado un dizque acuerdo para la explotación de minerales a cambio de su ayuda militar en la guerra contra Rusia. Ahora empieza a hablarse de quién reconstruirá Irán una vez acabe el conflicto, en concreto de un plan de inversión de 300.000 millones de dólares, que figura en el texto acordado con Teherán, según la versión dada ayer a conocer por la Casa Blanca. Trump negó que su Gobierno vaya a poner ese dinero: se sugiere que serían empresas privadas u otros Estados de la región, si es que esa promesa llega a cumplirse.

Más interesante aún, quizá, que quién aportará los fondos es a cambio de qué lo hará, del mismo modo que Washington acabará cobrándose su colaboración con Kiev. Será interesante asimismo saber en qué medida el dinero lo aportarán los erarios y las empresas de los distintos países, y en qué medida terminará repercutiendo en unos o en otras. Lo principal, por ahora, es que se resuelva el conflicto, aunque sea a través de inesperadas concesiones a Teherán. La Casa Blanca va a tener difícil convencer a nadie de que esto es una victoria, pero lo intentará.

Repsol mira a las renovables con un ojo y al petróleo con el otro

Repsol ha pedido un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) antes de decidir si invierte 900 millones de euros en la macroampliación de su central hidráulica de bombeo en San Miguel de Aguayo (Cantabria). El BEI concede financiación blanda a los proyectos que considera estratégicos para la UE. La firma vende Aguayo II como lo que en buena medida es: un activo atractivo desde el punto de vista energético, capaz de almacenar energía verde, y generador de empleo. Pero, casi al mismo tiempo, la petrolera ha anunciado que explorará una nueva zona petrolífera en Venezuela. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta.

El despido sale barato para los trabajadores de corta antigüedad

El Consejo de Europa insiste en que la indemnización por despido improcedente en España, que establece un máximo de 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades, no se ajusta a la Carta Social Europea, y le pide que acometa una reforma legislativa.

La decisión, que deriva de un tratado internacional ratificado por España en 2021, apunta a un defecto de fondo: el sistema español protege bien a los trabajadores con antigüedad, a quienes la fórmula acumula años de salario, pero deja casi desprotegidos a los recién incorporados. Por mucho que el despido haya sido flagrante, la indemnización tasada arroja cantidades exiguas cuando la relación laboral ha sido corta, y los jueces no tienen margen para ajustarla al daño realmente causado.

La frase del día

Hubo quienes miraron con recelo una tecnología como la imprenta. Y es revelador que muchas de aquellas críticas hayan llegado hasta nosotros precisamente porque fueron impresas. ¿No sucede algo parecido con la transformación digital? El cambio puede embridarse o modularse, pero no detenerse.

Felipe VI, rey de España

La IA obliga a replantearse el futuro y el sentido de las matemáticas