El comisario Villarejo, condenado a tres años y medio de cárcel por el ‘caso Dina’
La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por el llamado caso Dina. El tribunal considera probado que el antiguo agente de la Policía Nacional, sentenciado a otros 16 años de cárcel por varios proyectos de espionaje, está detrás de una maniobra para traficar de forma ilícita con información obtenida de un móvil sustraído a Dina Bousselham, quien fuera asesora de Pablo Iglesias durante su etapa como eurodiputado de Podemos.
A través de una sentencia fechada este martes, los magistrados declaran a Villarejo culpable de un delito de revelación de secretos y le imponen también el pago de una indemnización de 1.000 euros al exlíder de la fuerza política de izquierdas; y de 5.000 euros a su antigua colaboradora —cantidades de las que responderá la Administración General del Estado en calidad de responsable civil subsidiario—.
En el juicio, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se impusiera al comisario una pena de cinco años de reclusión. Pero el tribunal le ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos (en 2016) hasta la conclusión de la vista oral (en marzo de 2026). “El mero lapsus temporal de 10 años, lleva a la aplicación de la circunstancia atenuante”, subrayan los magistrados que firman la resolución —Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros y Francisca María Ramis—. Este mismo tribunal está actualmente enjuiciando el caso Kitchen, por el espionaje urdido desde el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas. Esa operación se desarrolló entre 2013 y 2015.
Bousselham denunció que le robaron su móvil el 1 de noviembre de 2015, cuando se encontraba de compras con su pareja en el Ikea de Alcorcón (Madrid). A mediados de 2016, el contenido del teléfono comenzó a publicarse en varios medios de comunicación; y tras el arresto de José Manuel Villarejo a finales de 2017, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encontró en su poder copias de los archivos de la asesora de Iglesias.
En su sentencia, el tribunal da por probado que “personas desconocidas” se apoderaron “subrepticiamente” del móvil de Bousselham. Después, la tarjeta del móvil “se hizo llegar” a la sede de Zeta, grupo editor de la extinta revista Interviú, que decidió no publicar su contenido. Sin embargo, según los magistrados, su entonces director, Alberto Pozas, “hizo una copia íntegra” del material, que entregó junto a su subdirector Luis Rendueles a Villarejo. “La tarjeta que entregaron al acusado y que este visualizó contenía archivos con documentos internos de Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal, entre ellos fotografías de Dina Bousselham semidesnuda, y diversos grupos de chats de Telegram, en el que estaban dados de alta otros miembros de la cúpula del citado partido político”, detalla el fallo del tribunal.
La Audiencia Nacional incide en que, a continuación, Villarejo facilitó los archivos “a periodistas de su círculo de confianza” de El Confidencial y la web Okdiario, “para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito de Podemos y de su entonces secretario general”. Las noticias las firmaban José María Olmo y Miguel Ángel Ruiz Coll, respectivamente. “La vida íntima y personalísima [de Dina Bousselham] se vio completamente expuesta a quien no deseaba”, apunta el dictamen del tribunal, que remacha: “Lo mismo puede decirse con respecto al perjudicado Pablo Iglesias”.
Los magistrados tiran abajo las excusas vertidas por Villarejo durante la vista, cuando reconoció que los periodistas de Interviú le entregaron los archivos, pero añadió que solo los miró de una manera “rápida” y “tangencial”. “Lo único que me interesaba es si había algún tipo de financiación ilegal o algún acta de las reuniones de ETA con el servicio secreto cubano y venezolano. Al ver que era todo marujeo, no le presté mayor atención. No vi nada relevante y le dediqué muy poco tiempo”, se defendió en el juicio, introduciendo así la tesis de que podía estar investigando a Podemos.
Sin embargo, el tribunal recalca que Villarejo se encontraba en activo en la Policía en aquella época, pero “no tenía encomendada ninguna función en su ámbito policial relacionada con la formación política, ni relativa a alguno de sus integrantes”: “[Se valió] de las funciones que desarrollaba relacionadas con inteligencia policial, manejo de fuentes y captación de información, para acceder (sin mediar investigación policial o judicial alguna) a informaciones facilitadas por periodistas sin contar con la anuencia de quien procedía la misma, suministrándola a otros profesionales del periodismo que las publicaban”.
Los magistrados resaltan igualmente que “no cuenta con respaldo” la “hipótesis” de que los archivos filtrados a la prensa procedieran de miembros de Podemos, “a pesar de que se aludiera a la existencia de una guerra interna dentro de dicha formación”. “Fue el acusado la persona que hizo llegar tal información a los dos medios digitales”, apostilla el tribunal sobre el comisario José Manuel Villarejo.
