El Consejo Forestal Nacional: Historia inestable de un órgano clave para los bosques de España

España es el segundo país de la UE con mayor superficie forestal, solo por detrás de Suecia. Unas 28 millones de hectáreas, más de la mitad de todo su territorio que requerirían una gestión ardua y constante en la que intervinieran todos los actores implicados, desde administraciones públicas a propietarios privados, pasando por agricultores y ganaderos o agentes forestales. Con esta idea se creó en 2018 el Consejo Forestal Nacional, un órgano consultivo para la planificación de los bosques pero con una historia un tanto inestable: pasó de depender del Ministerio de Agricultura al de Transición Ecológica, los años de la pandemia y siguientes son una incógnita que el Gobierno no despeja hasta llegar a 2025, cuando hubo una reunión del pleno y trabajos de carácter técnico.

Si bien desde el Ministerio de Transición Ecológica quieren dejar claro que el Consejo Forestal es un órgano "vivo", pues grupos de trabajo que dependen de él celebraron el año pasado una decena de reuniones y sus miembros han venido intercambiando propuestas sobre la gestión de la masa forestal, los años anteriores, cuando el departamento estaba dirigido por la ministra Teresa Ribera, son un misterio que no resuelve. Las fuentes consultadas lo justifican por el cambio de titularidad del ministerio, ahora en manos de Sara Aagesen.

El órgano se creó a finales de 2018, poco después de la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, por mandato de la reforma de la Ley de Montes de 2015. La primera convocatoria del pleno fue en 2019, cuando las competencias sobre la materia recaían en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dirigido por Luis Planas. El cambio de organigrama de los ministerios tardó en llegar desde la moción de censura con la que entró el Gobierno socialista y aunque las competencias medioambientales deberían haber estado en manos de Transición Ecológica, el ministerio natural para gestionar este tipo de asuntos, todavía en 2020 a Agricultura le tocó gestionar los incendios.

2020 fue el año de la pandemia, pero las fuentes consultadas no aclaran si en los siguientes hubo reuniones del pleno o técnicas en el marco del Consejo Forestal Nacional, pese a que en la agenda del Gobierno el cambio climático ha sido un asunto central y la gestión de la masa forestal ha sido un tema recurrente verano a verano a medida que se constataba la virulencia de los incendios de sexta generación. El decreto que regula el funcionamiento del órgano establece que el pleno, que preside el ministro encargado de esas competencias, debe convocarse una vez al año.

La creación del Consejo Forestal Nacional se introdujo en la reforma de la Ley de Montes que llevó a cabo en 2015 el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy. La puesta en marcha del órgano, no obstante, no llegó hasta octubre de 2018, ya con Sánchez en la Moncloa, cuando el Ejecutivo aprobó el decreto por el que se determinan "la composición, las funciones y las normas de funcionamiento" del consejo, definido en aquel momento como "el principal órgano de participación de la sociedad en la política forestal española". Entonces, el Gobierno manifestaba el "compromiso por el sector forestal y la importancia que tiene para el desarrollo rural y como base de la bioeconomía que está decidido a impulsar".

Entre los 46 integrantes del órgano se encuentran representantes de propietarios públicos y privados, gestores forestales, sindicatos, empresas, consumidores, administraciones públicas, agentes forestales, investigadores, ambientalistas y organizaciones profesionales agrarias, todos ellos con un mandato de tres años. El consejo, de carácter consultivo, tiene la labor de informar y hacer el seguimiento de normas y planes forestales de ámbito nacional, elaborar informes y estudios sobre el sector forestal y analizar los impactos sociales, económicos y ambientales de éstos, tal y como informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2018.

Ya entonces, el Gobierno consideraba al Consejo Forestal Nacional "un instrumento fundamental para orientar y guiar la ejecución de las políticas en materia de montes y aprovechamientos forestales", ya que los bosques "cumplen un papel fundamental en la sociedad actual y son muchos los actores que intervienen en su adecuada gestión para su conservación, su puesta en valor y el mantenimiento de los múltiples bienes y servicios que ofrecen".

En el decreto de creación del consejo el Ejecutivo situaba los bosques "en el centro de atención de numerosas políticas ambientales, pero también son claves para el desarrollo sostenible de un medio rural en crisis pero fundamental para impulsar una nueva economía basada en los recursos naturales renovables y mantener nuestros paisajes naturales y culturales".

Para ello se creaba el Consejo Forestal Nacional, al que la ley mandataba a constituir comisiones o grupos de trabajo para tratar temas específicos, así como "proponer a las administraciones públicas medidas que estimen necesarias para mejorar la gestión sostenible del monte y la competitividad del sector, elaborando un informe anual sobre el sector forestal español que recoja la situación, evolución y perspectiva de éste".

En este sentido, desde el Gobierno defienden el trabajo del consejo, ya que aseguran que no ha dejado de reunirse "nunca", aunque no sea siempre presencialmente y pese a que no precisan la actividad que tuvo entre 2021 y 2024. También recuerdan que este órgano no es el único en el que se aborda la gestión forestal y la lucha contra los incendios y citan concretamente el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), que mantiene encuentros dos veces al año.