El Gobierno de España prioriza el retorno y la seguridad en Ceuta para cerrar la crisis fronteriza

Retorno es la palabra que mejor explica el nuevo rumbo del Gobierno en Ceuta: el de los adultos que aún permanecen en la ciudad, el de los menores cuando las circunstancias lo permitan –dado que su retorno requiere mayores garantías y un procedimiento específico– y, sobre todo, el de la normalidad. Porque la prioridad de Moncloa ya no es tanto gestionar la crisis abierta el pasado 30 y 31 de julio como cerrarla.

Y para ello le urge vaciar las calles de la ciudad autónoma. Su presencia mantiene visible la huella de una entrada masiva que desbordó una frontera española durante dos días y colocó al borde del colapso a su flanco sur. La permisividad con la que Marruecos dejó de vigilar la frontera y sus posteriores manifestaciones expansionistas han motivado que una crisis inicialmente migratoria se haya convertido en un problema políticos de soberanía.

De ahí el cambio de tono adoptado en los últimos días por varios ministros. José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa) y Félix Bolaños (Justicia y Presidencia) han repetido mensajes que colocan la defensa de Ceuta y el control del territorio en el centro de la respuesta: “Ceuta y Melilla no se tocan, son españolísimas”; “que la gente de Ceuta sepa que sus fuerzas armadas van a estar con ellos, no les vamos a dejar”; “hasta la última persona que entró va a ser devuelta”. Una firmeza verbal que ayer encontró su traducción más contundente en Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior confirmó el envío de más agentes para acelerar la expulsión de alrededor de 5.000 personas –9.000 según las estimaciones del Gobierno ceutí– que entraron el día 30 y no han salido de la ciudad.

Marlaska, en su intervención en Ceuta, explicó que ha dado “una orden muy clara” para que aquellos inmigrantes irregulares que se estén involucrando en actos delictivos y sean detenidos sean puestos a disposición judicial para proceder a su expulsión inmediata, y apostilló que los menores también “serán retornados de una forma efectiva y lo más rápido posible”.

El Gobierno ha tomado buena nota de la presión que se respira en Ceuta. Las escenas del miércoles, cuando varios vecinos pararon a la ministra Robles para trasladarle su sensación de “miedo” y “abandono”, ofrecieron a Moncloa una imagen difícil de ignorar.

Y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha redoblado esa presión con cada visita ministerial reclamando medidas excepcionales como cambios legislativos para agilizar las expulsiones o suspender la tramitación de las solicitudes de asilo en Ceuta para los inmigrantes subsaharianos. Así se lo expuso ayer al ministro Marlaska, que, no obstante, evitó pronunciarse sobre ambas propuestas. La suspensión del derecho al asilo es una propuesta difícil de encajar en el derecho internacional.

Lo llamativo es que el endurecimiento del discurso no ha venido acompañado de una explicación equivalente sobre qué ha cambiado y si la aceleración de los retornos responde exclusivamente a la excepcionalidad de lo ocurrido a finales de julio o si anticipa un cambio más profundo en la política migratoria.

Y es precisamente ahí donde aparece el principal obstáculo para cerrar la crisis: los menores. Los 1.527 que ya están filiados y los otros muchos que quedan por identificar y permanecen en Ceuta no pueden ser tratados con la misma lógica que los adultos.

Su retorno exige cumplir unas garantías que ya han puesto en alerta a organizaciones como Amnistía Internacional ante las informaciones sobre posibles devoluciones forzosas. De ahí que la reubicación obligatoria entre comunidades, que acostumbra a enfrentar al Gobierno y al Partido Popular, haya pasado a un segundo plano al coincidir ambas partes en dar prioridad a la devolución ya sea a sus familias o –y esto suscita discusiones– a organismos oficiales del Estado marroquí. El acuerdo, sin embargo, termina ahí.

Las explicaciones siguen pendientes incluso dentro del propio Gobierno. Izquierda Unida las reclama de cara a las comparecencias de los ministros a finales de agosto en el Congreso. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, pidió ayer “transparencia” y “rigor” sobre lo ocurrido y advirtió de que la soberanía española está “en peligro” ante el nuevo pulso con Marruecos. Porque el reto es demostrar que el Estado ha recuperado el control de su frontera y que un episodio como el de finales de julio no volverá a repetirse.