El Gobierno español prepara un decreto de vivienda con medidas polémicas

El decreto con políticas de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo martes incluye medidas que tanto el PSOE como el PP incluyeron en sus respectivos proyectos de ley del suelo, similares en bastantes aspectos y que Sumar no apoyaba. Ahora, sin embargo, el socio minoritario de la coalición ha accedido a introducir algunas de ellas a cambio, entre otras cosas, de que se vuelvan a prorrogar los contratos de alquiler.

La ley del suelo planteada por el Ministerio de Vivienda, en manos del PSOE, nunca se llegó a votar en el Congreso porque el Gobierno decidió retirarlo al no contar con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Después, el PNV presentó su propia proposición de ley con la misma redacción, pero decayó porque en la votación en el Pleno solo obtuvo los apoyos de socialistas y nacionalistas vascos. Ni siquiera Sumar votó a favor.

Por su parte, la ley del suelo que propone el PP se tomó en consideración el año pasado en el Senado —donde los populares cuentan con mayoría absoluta— y el pasado mes de abril en el Congreso, pero su tramitación se encuentra bloqueada por la Mesa de esta Cámara, con mayoría de PSOE y Sumar.

Ahora, medidas de distinto signo que ya formaban parte de esos textos se han retomado en el decreto de vivienda que prepara el Ejecutivo de coalición, algo a lo que Podemos ya se ha opuesto frontalmente.

Por un lado, el borrador del decreto que se aprobará el próximo martes introduce que la impugnación con carácter indirecto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística solo será posible cuando no hayan transcurrido cuatro años desde su aprobación definitiva. Y el recurso solo podrá basarse en vicios de ilegalidad material, sin que sea posible aducir vicios formales, que solo podrán plantearse mediante recurso directo.

Es decir, se limita la posibilidad de recurrir por esa vía indirecta; por ejemplo, una expropiación a raíz de un nuevo plan urbanístico. Este cambio estaba tal cual en la proposición de ley firmada por el PNV que se votó en el Congreso y está también en la del PP.

En este sentido, Podemos arguye que esta reforma supondría legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo y reducir los controles sobre los proyectos futuros, al modificarse los supuestos de nulidad y anulabilidad. Otra medida que incluían los textos de los nacionalistas vascos y los populares.