El Gobierno reparte un borrador del nuevo modelo de financiación autonómica

El nuevo sistema de financiación autonómica contempla que “el procedimiento de recaudación y reparto de los ingresos” se podrá llevar a cabo con “un modelo de caja común o compartida en el que los ingresos tributarios lleguen simultáneamente a la administración, estatal o autonómica, que corresponda”. No dice nada de la gestión de esa recaudación ni de que, por ejemplo, sea la Generalitat la que recaude todo el IRPF en Catalunya, a pesar de que se contemplaba en el pacto de investidura de Salvador Illa firmado por ERC.

Es alguno de lo aspectos del borrador de 70 páginas del Acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación distribuido en 14 puntos que el viernes fue enviado a las comunidades y al que ha tenido acceso La Vanguardia . El texto, que incluye las fórmulas para calcular el nuevo modelo, tampoco hace referencia al principio de ordinalidad (que ninguna comunidad salga del modelo peor de lo que ha entrado), a pesar de que era otro de los elementos centrales de las reclamaciones de Catalunya.

En el borrador se deja abierta la puerta a que las comunidades que así lo deseen se mantengan en el modelo del 2009 y no se integren en el nuevo a partir del 1 de enero próximo. En el 2009 también se contemplaba esa posibilidad y, de hecho, dos comunidades entraron con un año de retraso en el nuevo sistema.

El texto también señala que será voluntaria la adhesión a tres importantes cambios que trae el nuevo modelo. Según el borrador, las comunidades deberán indicar cuando den el sí al nuevo modelo “si se adhieren al Fondo IVA pymes, si se adhieren al sistema de entregas a cuenta inmediatas y su decisión sobre la opción para la financiación de las competencias no homogéneas”. Por lo tanto, la asimetría en el sistema de financiación vendrá dada por la aceptación o no a participar en los mecanismos nuevos que se crean.

Al haber sido un acuerdo negociado desde Catalunya, la comunidad autónoma catalana sale claramente beneficiada en esos aspectos por lo que su adhesión se da por segura. Para el resto de comunidades, no está claro. Es ahora cuando los otros 14 gobiernos autónomos diseccionan el borrador para ver si les benefician o no las diferentes opciones.

Aunque el articulado no habla del dumping fiscal de comunidades como Madrid, donde la presión fiscal es la más baja del Estado gracias al efecto capitalidad, sí que se introducen mecanismos que les perjudican especialmente por esa política tributaria. Para llevar a cabo el reparto de fondos entre las comunidades, no se tienen en cuenta los ingresos fiscales reales de las comunidades sino los potenciales. En el nuevo modelo, se incorporan varios impuestos como el de patrimonio que ahora no estaban. Es una medida que favorece a Catalunya y perjudica a Madrid porque, pese a que es donde se paga el impuesto más bajo, se tendrá en cuenta como si se abonara un tipo mayor.

Pero no todo es beneficioso para Catalunya. El borrador también muestra que algunas reclamaciones históricas desde el mundo político y académico catalán no han sido atendidas, como las que hacen referencia a la población ajustada. Para llevar a cabo los cálculos del reparto de fondos, el modelo no tiene en cuenta la población tal como figura en el padrón sino otra “ajustada” por una serie de parámetros como la población de estudiantes, la insularidad o la dispersión. Catalunya siempre ha reclamado que el padrón tuviera más peso en la ponderación, pero en la población ajustada esta se mantiene en el 30%. También se reclamaba que se tuviera en cuenta el coste de la vida. No aparece en el borrador. Las principales modificaciones son la mayor precisión en la definición de los grupos de edad.

El texto remitido a las comunidades recoge en esencia lo pactado por Hacienda, ERC y la Generalitat. Fuentes consultadas explican que se ha buscado una propuesta que no fuera de máximos con el objetivo de que pueda pasar el primer trámite parlamentario y no sea rechazada con una enmienda a la totalidad por parte de grupos como Podemos o Compromís.

El próximo 29 de julio, el texto se aprobará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los votos del Gobierno español y de Catalunya. Los negociadores trabajan para que Canarias pudiera sumarse y votar a favor o, como mínimo abstenerse. El resto de comunidades –incluidas las socialistas– se da por hecho que votarán en contra.

A partir de ahí se llevará al Congreso para que supere la primera votación y se puedan incorporar enmiendas. Ese sería el momento en el que Junts podría negociar algún cambio, con el que justificar su voto a favor. Fuentes de Hacienda explicaron ayer que el ministro Arcadi España está abierto a asumir cambios. El contador se puso en marcha el viernes.