Feijóo siembra desconfianza sobre el censo electoral con acusaciones de 'ingeniería electoral'

Alberto Núñez Feijóo se ha equivocado al sembrar la desconfianza sobre el censo de ciudadanos con derecho a voto, una decisión incoherente con lo que se espera del líder del partido que aspira a gobernar a España y que ya es el primero en votos y diputados. Al declarar el lunes que la nacionalización de nietos de exiliados y emigrantes durante el franquismo es “ingeniería electoral, interés para conseguir nuevos votantes”, Feijóo cometió una irresponsabilidad.

A la vez que cuestionaba el voto de más de 300.000 nuevos ciudadanos ya registrados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, extendió las dudas sobre el trabajo de funcionarios y diplomáticos encargados de procesar las peticiones de 2,45 millones de descendientes. Lo que daba a entender el dirigente del PP, sin aportar pruebas, es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado la ciudadanía a estos españoles por puro partidismo y que, por lo tanto, el proceso electoral podría quedar alterado.

Las afirmaciones de Feijóo arrojan sospechas infundadas sobre la limpieza de las elecciones en un país que cumple los estándares más elevados en las democracias occidentales. Y asumen una retórica que es más propia del movimiento trumpista MAGA que de un partido de Estado cuyo interés y obligación consisten en preservar la integridad de las instituciones y la probidad de sus funcionarios y diplomáticos.

Hay un método calculado en este tipo de insinuaciones y es el que Donald Trump y sus seguidores practican con asiduidad y eficacia. Consiste en plantar la sospecha sobre la legitimidad de los resultados electorales para poder impugnarlos si resultan desfavorables. Para lograrlo se han servido de las acusaciones sobre supuestos fraudes en el voto por correo, o de teorías de la conspiración según las cuales Barack Obama o Joe Biden abrían las puertas de Estados Unidos a la inmigración con el fin de conseguir un nuevo caladero de votos y garantizarse la hegemonía.

No es sorprendente que Vox, abanderado del trumpismo en España y abonado a sus bulos y teorías conspiratorias, hable de pucherazo. Que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, llegue a afirmar que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal”, ya es más inquietante, pero podría parecer coherente con su afán por implantar en la política española el estilo trumpista.

Lo chocante es que sea el propio líder del PP quien haga suyo este discurso corrosivo para las instituciones, y que contradiga así su propia trayectoria, la de un expresidente de Galicia que hace unos años prometía en un acto de campaña en Buenos Aires una ley parecida en algunos aspectos a lo que ahora cuestiona. Lo que está en discusión no son guerras culturales que hasta hace poco era extrañas al ecosistema político español, sino un principio de dignidad: la llamada ‘ley de nietos’, que persigue reparar la injusticia histórica que sufrieron quienes huyeron de la persecución y de la miseria, y la de sus descendientes que han querido recobrar la ciudadanía de sus abuelos.

De alguien con opciones reales para ser algún día presidente del Gobierno sería exigible que, si dispone del mínimo indicio de manipulación electoral, presente pruebas o que, en caso contrario, defienda el buen funcionamiento de las elecciones, un pilar de nuestra democracia. Al sumarse al coro de declaraciones frívolas o malintencionadas sobre imaginarios pucherazos —o, como dice Feijóo, “ingeniería electoral”— lo único que logra es reforzar a Vox y contribuir a erosionar la credibilidad de un sistema que el líder del PP debería ser el primero en defender.