Incoherencia en la política energética española y sus consecuencias

La gestión empresarial y la política se diferencian, entre otras cosas, por el nivel de coherencia. En la segunda se registran con demasiada frecuencia casos en los que una cosa es lo que se dice —y se dice de forma oficial a través de planes—, otra lo que se hace y, una tercera, los resultados que provoca. Un triste ejemplo de esta incoherencia es la política energética, su ejecución y las consecuencias que está produciendo.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es una clara apuesta por las energías renovables. Sus principales metas para el año 2030 son alcanzar un 48% de energías renovables sobre el consumo final de energía, conseguir que el 81% de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables y reducir la dependencia energética exterior hasta aproximadamente el 50%.

Los tres objetivos están en riesgo por diversas razones, pero ninguna de ellas cae del lado de la industria, sino que son consecuencia de decisiones o indecisiones gubernamentales y regulatorias. La primera es un sistema de formación de precios que se interviene cuando se dispara por arriba y se abandona a su suerte cuando se desploma, haciendo inviable así la inversión en energías limpias.

A las deficiencias del sistema marginalista se suma una segunda distorsión: la operación reforzada adoptada por Red Eléctrica para alejar la posibilidad de que se produzca otro cero peninsular, como el registrado el 28 de abril de 2025.

Esta intervención sobre el mercado de generación se traduce en una mayor dependencia de las centrales de ciclo combinado, que queman un gas que España no produce y que, además, paga cada vez más caro. De hecho, en el mes de junio el 15,6% de la energía eléctrica generada en España procedió de este tipo de tecnología vinculada a los combustibles fósiles.

Quemamos gas mientras tiramos a la basura una ingente cantidad de energía solar, una fuente autóctona, limpia y renovable. Solo en el mes de junio se ha desperdiciado el 20% de la producción fotovoltaica generada en España. Mientras que las renovables sufren los bajos precios que surgen del sistema marginalista, una parte de la generación producida por gas escapa de este sistema de fijación de precios por decisiones de Red Eléctrica.

Aunque las plantas de generación dispongan de recurso solar, capacidad de generación y acceso a la red, una parte creciente de su producción no puede ser evacuada por necesidades operativas del sistema. Este riesgo, ajeno al promotor y difícilmente gestionable, modifica el ingreso esperado de los proyectos, incrementa la incertidumbre sobre los flujos de caja, perjudica el cumplimiento de ratios de las financiaciones y se traduce en una menor capacidad de inversión en nueva generación renovable.

El carácter ya estructural del redespacho que impone el operador del sistema va contra el espíritu de la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la energía. En relación con los curtailments (recortes de producción), la normativa europea no invita simplemente a indemnizar a los productores, sino a garantizar que las decisiones operativas necesarias para mantener la seguridad del sistema eléctrico no distorsionen las señales de inversión ni trasladen de forma injusta el coste de las ineficiencias de la red a determinados agentes.

En consecuencia, el productor que ha generado electricidad conforme a las reglas del mercado no debe soportar las consecuencias económicas de una congestión o limitación de la red que escapa a su control. Esta lógica se refuerza cuando la congestión es un problema de operación o planificación del sistema. Adicionalmente, la filosofía del mercado interior de electricidad es que los problemas de congestión deben resolverse, siempre que sea posible, mediante mecanismos de mercado.

A esta situación indeseable para la transición energética se une la incertidumbre provocada por el empeño de algunos en extender la vida de las centrales nucleares, en contra del compromiso adquirido por el actual Gobierno y las empresas propietarias en marzo de 2019. Este acuerdo está contemplado en el PNIEC, cuyo cumplimiento se volvería aún más utópico en el caso de que las centrales nucleares siguieran en funcionamiento.

Desde una perspectiva de eficiencia económica, el resultado es muy deficiente. Se desaprovecha energía renovable ya instalada y financiada, mientras se incrementa una generación con mayores costes operativos que terminan repercutiendo, directa o indirectamente, sobre el conjunto de los consumidores. Este encarecimiento es la principal consecuencia de actuar sobre los precios de la generación en vez de hacerlo sobre los precios finales que pagan las empresas y los particulares.

La prioridad debe seguir siendo preservar la seguridad del suministro. Sin embargo, esa necesidad no debería frenar el avance hacia la independencia energética y la descarbonización. Resulta necesario desarrollar soluciones estructurales que permitan compatibilizar ambos objetivos y, así, facilitar el cumplimiento del PNIEC. Un ejercicio de coherencia que necesitamos y agradeceríamos todos los agentes del sistema energético.