Juez envía a juicio a Begoña Gómez: PP y PSOE se enzarzan en una batalla política

La resolución del juez Juan Carlos Peinado de dar por concluida la instrucción contra Begoña Gómez y enviarla a juicio ha desencadenado este sábado una inmediata batalla política entre el PP y el PSOE.

Aunque el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a primera hora del día, antes de conocerse la resolución judicial, su intervención ha marcado el tono de una jornada en la que el principal partido de la oposición retrata al PSOE como una “máquina de escándalos”. “Siempre hay un escalón más en la degradación moral”, denunció durante un acto celebrado en Sueca (Valencia), donde reclamó pasar página en las urnas a un presidente del Gobierno “tan asediado por sospechas de corrupción”.

Tras conocerse la decisión del instructor, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha decidido elevar aún más el tono. El número dos de los populares ha declarado que la apertura de juicio contra la esposa del presidente constituye un nuevo episodio de la crisis que, a su juicio, rodea al Ejecutivo, y ha acusado a Sánchez de haber convertido “la Moncloa en una guarida de delincuentes” y al Gobierno en una “organización criminal”. “Ni un día sin su escándalo”, ha escrito en la red social X antes de exigir responsabilidades políticas y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas: “Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya”.

Frente a la ofensiva del PP, el Gobierno ha cargado contra el instructor denunciando una actuación marcada por la “desproporción”. Desde la Moncloa hablan de “persecución” contra el entorno de Pedro Sánchez y atribuyeron la actuación del magistrado a una “obsesión” con la esposa del presidente.

Fuentes del Ejecutivo han puesto además el acento en las medidas cautelares acordadas por Peinado, al considerar que no existe riesgo de fuga que justifique la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar el país. En la Moncloa contrastaron esta decisión con otros pronunciamientos judiciales recientes, en especial la negativa del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a retirar el pasaporte al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al entender que la notoriedad pública y el arraigo de los investigados hacían inviable cualquier riesgo real de sustracción a la acción de la Justicia.

A juicio del Gobierno, la resolución conocida este sábado evidencia una actuación “desproporcionada” y refuerza las dudas que viene expresando sobre la instrucción. En la misma línea se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien lamentó que “hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”. Pese a ello, aseguró que sigue confiando en ella y se mostró convencido de que “la razón y la verdad se acabarán imponiendo”. “¿Quién reparará el daño causado?”, se ha preguntado.

También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha cargado duramente contra la resolución. El dirigente socialista la ha calificado de “atropello sin precedentes” y ha puesto el foco en lo que considera una “fijación”, un “ensañamiento” y una “ausencia de garantías” en la instrucción desde su inicio. “Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona”, ha advertido.

El PSOE, a nivel institucional, ha marcado el tono de la respuesta socialista cerrando filas en torno a Begoña Gómez y al presidente del Gobierno. En un comunicado difundido tras conocerse la resolución, los socialistas han insistido en que la esposa de Pedro Sánchez es “inocente” y denuncian que durante los últimos dos años se ha intentado construir una condena pública sin pruebas con el objetivo de desgastar políticamente al jefe del Ejecutivo.

La dirección del partido califica de “desmedidas” y “desproporcionadas” las medidas cautelares acordadas por el juez y sostiene que resultan injustificables después de una investigación que, a su juicio, no ha acreditado la comisión de ningún delito. Los socialistas han insistido en que se trata de una “persecución injusta” contra Gómez que busca utilizar su figura como “arma política” contra Sánchez y que está causando un grave daño tanto a la afectada como a la confianza de los ciudadanos en la Justicia.

Lejos de mostrarse a la defensiva, el PSOE ha aprovechado la ocasión para reivindicar una respuesta política frente a quienes, a su entender, pretenden condicionar la vida pública a través de los tribunales. “No vamos a consentir que puedan con nosotros”, se ha conjurado la formación prometiendo seguir actuando “con toda la fuerza del PSOE” frente a quienes acusan de hacer “juicios políticos” y de “judicializar la política”.