La Audiencia de Móstoles admite a trámite la querella por acoso sexual y laboral contra el alcalde del PP y el partido

El Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer de Móstoles ha admitido a trámite la querella de una exconcejala popular de la localidad madrileña por acoso laboral y sexual (y otros delitos) contra el alcalde, Manuel Bautista, y contra el PP. La mujer decidió acudir a los tribunales tras pedir amparo a su partido durante meses y después de que EL PAÍS desvelara el caso el pasado 4 de febrero. A partir de ese momento considera que fue objeto de una campaña de desprestigio por parte del regidor y de distintos dirigentes del PP madrileño, hechos que ha llevado también ante la justicia.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la presentó su letrado, Antonio Suárez-Valdés, en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles (Madrid). Pero de ahí fue derivada a un tribunal especializado en violencia machista, que la admitió a trámite el 15 de abril.

Se trata de un escrito de casi un centenar de páginas por presuntos delitos cometidos tanto por Bautista como por el propio Partido Popular como persona jurídica, en aplicación de los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal. El auto de la jueza Eloísa Márquez de Prado afirma que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda la incoación de diligencias previas.

Cita a declarar a la mujer el próximo 29 de junio, pide que sea reconocida por un médico forense “a fin de determinar las consecuencias lesivas sufridas como consecuencia de los hechos denunciados” y que se dé traslado a los querellados.

La querella relata que en otoño de 2022 Manuel Bautista pide a la hoy querellante que colabore en su equipo y acaba colocándola como número dos de su candidatura. Según su testimonio, en ese contexto de cercanía profesional empezaron las insinuaciones sexuales, especialmente durante los trayectos en coche en los que estaban a solas. La exedil describe esas propuestas como reiteradas y explícitas, y asegura que desde el comienzo dejó claro su rechazo.

Tras esa negativa, la mujer sostiene que la relación cambió radicalmente y comenzaron la “discriminación” y el acoso profesional. Según la querella, el alcalde pasó de las proposiciones a difundir rumores falsos sobre una supuesta relación entre ambos, con comentarios de carácter sexual en el entorno del partido. Ese contexto, afirma, le generó una gran incomodidad y la llevó incluso a plantearse abandonar la candidatura antes de las elecciones.

Una vez en el Ayuntamiento, la denunciante asegura que ese comportamiento derivó en acoso laboral. Relata que fue progresivamente apartada de sus funciones, excluida de reuniones y privada de visibilización institucional. Según la querella, se produjo un proceso de aislamiento que culminó con el intento de retirarle sus competencias y un trato que considera humillante dentro del propio equipo de gobierno.

“Puede comprobarse en el diario de sesiones que, durante el periodo de más de un año que desarrollé mi puesto de concejal, todos mis compañeros defendieron mociones excepto yo”, escribe en la querella, en la que añade un listado de situaciones en las que considera que recibió un trato degradante. “Manuel me prohíbe ir a actos convocados por el PP de la Comunidad de Madrid y participar activamente en actos y eventos del PP de Móstoles”, explica la mujer. “Se produce una reasignación continua de tareas menores que no se corresponden con mis funciones ni con mi cargo como concejal, privándome de cualquier presencia en actos relevantes”.

La entonces edil pidió ayuda a los órganos internos del PP. Durante meses, reclamó al partido en Madrid que investigara los hechos y que se activaran los protocolos internos previstos para situaciones de acoso. Tras dirigirse al gabinete de la presidenta Díaz Ayuso, fue remitida a su número dos, Alfonso Serrano, quien a su vez designó a Ana Millán como interlocutora con la concejala.

En una reunión celebrada el 11 de marzo de 2024, a la que se incorporó más tarde Serrano, Millán trató de forma insistente de disuadir a la edil de acudir a los tribunales empleando expresiones, según la querella, como “protegerte es no hacer nada”, “una denuncia pública no te beneficiaría”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”, “llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre?“, o “en seis meses te han destruido psicológicamente”.

La mujer no acudió a los tribunales en ese momento y continuó solicitando al partido que actuara por la vía interna. Insistió. Pero el PP madrileño no adoptó ninguna medida efectiva. Millán llegó a reconocerle, según su relato, que era “amiga personal” de Bautista, a pesar de lo cual fue la encargada de abordar el asunto.

La presión le afectó tanto que la exedil acabó entregando el acta de concejala y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010. Después acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP, órgano encargado de velar por el cumplimiento de los estatutos del partido. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el expediente fue archivado sin escucharla, sin citar a los testigos propuestos y sin que se le notificara el cierre del procedimiento.

El asunto quedó así zanjado en el ámbito interno. En este contexto, la querella argumenta que concurren no solo conductas encuadrables en el delito de acoso sexual, sino también en el acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones y coacciones. Los atribuye al alcalde, Manuel Bautista, y también al PP como persona jurídica.

Y el escrito considera que puede concurrir un delito de revelación de secretos por lo que sucedió después, cuando los hechos fueron publicados por EL PAÍS el pasado febrero y, lejos de apoyar a la persona que estaba denunciando el acoso, comenzó por parte del alcalde y algunos dirigentes del PP madrileño lo que la mujer considera una estrategia de descrédito. En concreto, desde la Comunidad de Madrid se difundió información tergiversada y fueron enviados a los medios los correos electrónicos que se había intercambiado con ellos, en uno de los cuáles aparecía su identidad. Desde el gabinete de presidencia se dijo que había sido un “error”.

La querella pide que declaren como testigos 11 personas, entre ellas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el secretary general del PP madrileño, Alfonso Serrano; y Ana Millán. La inclusión de estos nombres responde, según la defensa, al papel que desempeñaron en la gestión interna del caso una vez que la concejala puso en conocimiento del partido lo que estaba ocurriendo.

La querella aporta una lista más amplia de testigos para acreditar sus afirmaciones, así como documentos e informes médicos para verificar que hubo profesionales médicos acompañándola desde que comenzó todo en 2023. La Fiscalía había pedido el pasado 9 de marzo que se diera impulso procesal al caso y se abrieran diligencias previas, lo que finalmente ocurrió el pasado miércoles.