La crisis de la vivienda en España: un problema estructural que requiere un gran pacto social

Durante muchos años se había convertido en una broma recurrente criticar a los jóvenes que se iban haciendo mayores y seguían viviendo en casa de sus padres. Los chistes se transformaron en muecas al comprobar que si no se emancipaban del hogar familiar no era por un capricho, sino por las dificultades de acceso a una vivienda digna. Los años pasan, y el único cambio significativo que ha sucedido es que hoy la sociedad ya se ha concienciado de que estamos ante un grave problema. Ahora hay que resolverlo. Podríamos empapelar las paredes de nuestra redacción de las noticias que hemos publicado sobre planes del Gobierno, de los entes auto­nó­mi­cos o de muchos ayuntamientos con iniciativas para afrontar el problema, pero esta cuestión se está convirtiendo en un fracaso general de todos los partidos políticos. No hay que restar méritos al esfuerzo que hace la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha logrado el hito de pactar el plan estatal 2026-2030 con todas las comunidades. Aquí, la polarización se aparcó, y socialistas y populares aprobaron por unanimidad criterios de distribución de 7.000 millones de euros para transferir a las autonomías y blindar la vivienda protegida para impedir que se pueda descalificar. En Catalunya, Salvador Illa ha anunciado un plan para construir 210.000 nuevas viviendas hasta el año 2030, lo que supondría un salto significativo, pero se antoja insuficiente ante la demanda existente y el aumento constante de la población inmigrada. Esta semana hemos conocido como las donaciones se han disparado a máximos históricos en Catalunya como salida para ayudar a familiares a acceder a una vivienda propia. Y el Govern ha elevado la categoría de joven de 35 a 40 años para que puedan acceder a préstamos para adquirir su primera vivienda. Y si seguimos bajando a escala más local, es vergonzoso ver como el mercado inmobiliario está parado en Barcelona porque el PSC no tiene mayoría para eliminar la medida que obliga a las nuevas construcciones a reservar un 30% de sus promociones a pisos a precio asequible. Este problema estructural solo se puede resolver con un gran pacto social entre partidos, asociaciones y el sector inmobiliario. No se puede condenar a toda una generación a no poder tener casa propia.