La UE critica la regularización masiva de España

La Comisión Europea está endureciendo el tono y la crítica hacia la regularización masiva que España está llevando a cabo, y ya señala claramente que es algo que no le gusta en absoluto. El comisario de Asuntos de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, apunta incluso que "no es una buena señal" y que si bien se trata de un competencia nacional, su propia competencia es la de que esta medida no afecte al resto de países.

"La señal general no es buena. Entiendo la situación diferente de España, porque el 80% de esas personas proceden en realidad de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito que es competencia del Estado miembro, así que no interfiero. Pero tenemos que dejar claro que no puede haber ningún impacto en otros Estados miembros. Esa es entonces mi tarea: proteger a los demás Estados miembros de ello", ha señalado Brunner en un encuentro que este miércoles ha tenido con diferentes medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO.

La decisión del Gobierno de Sánchez choca frontalmente con las políticas que se están imponiendo en Europa. Con el endurecimiento en el ámbito migratorio que se está imponiendo en los países y en la propia UE. Una muestra de ello son los centro de retorno que, ya están en su última fase de aprobación, o el nuevo pacto de Migración y Asilo que este mismo viernes, mañana, entra en vigor.

Esta segunda actuación contempla, entre otras cosas, un mayor control fronterizo y controles en la llegada de irregulares. Además, se reforma el sistema Eurodac, que es la base de datos europea en la que se almacenan huellas dactilares y, también, registros biométricos.

También se van a agilizar los procesos fronterizos, con un máximo de 12 semanas desde la llegada del inmigrantes irregular hasta la resolución de su caso. Y otro de los pilares de la nueva regulación será el sistema de solidaridad que obliga al resto de países a colaborar con los Estados que tienen una mayor presión migratoria: España, Italia, Grecia y Chipre.

La UE ha establecido que se deben llevar a cabo un total de 21.000 reubicaciones desde los países presionados al resto, o una indemnización de 20.000 euros por cada inmigrante rechazado. Sin embargo, esta medida es muy polémica y es muy probable que no pocos países se nieguen tanto a la reubicación como a la indemnización.