Posibles sanciones contra el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez quedan en el aire

Las posibles sanciones contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han quedado en el aire. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido esta mañana para estudiar las quejas presentadas contra Peinado. No ha habido acuerdo y los miembros de la comisión se han emplazado para volver a analizar la cuestión “en los próximos días”.

El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, proponía archivar cinco diligencias informativas abiertas en relación con distintas quejas recibidas contra Peinado, titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

Las quejas fueron interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.

Además, la comisión permanente debe decidir sobre una quinta diligencia informativa, incoada en relación con las expresiones sobre la Policía Nacional que figuraban en un auto de medidas cautelares dictado contra Begoña Gómez en el que se ponía en entredicho la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En ese auto, Peinado pidió que Gómez entregase el pasaporte como medida cautelar tras enviar a la esposa del presidente a un juicio con jurado popular. El magistrado justificó la decisión con el argumento de que el hecho de que Gómez esté vigilada por agentes de policía no evita el riesgo de fuga. Esa argumentación provocó una queja del Sindicato Unificado de Policía. La semana pasada, la audiencia Provincial de Madrid anuló las medidas cautelares contra Gómez y le devolvió el pasaporte. Pero la queja contra Peinado persiste y ha dividido a la Comisión Permanente.

Conde ha propuesto archivar esa quejas, pero si su propuesta no prospera, Peinado se enfrentaría a una posible sanción por “una falta grave de desconsideración prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. El artículo 418.5 LOPJ establece como falta grave “el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”.

Si se confirmara la existencia de esa falta grave, las consecuencias podrían ser muy variadas e ir desde una multa económica a la suspensión temporal de funciones o el traslado forzoso de su plaza. La multa puede oscilar entre los 501 y los 6.000 euros y es lo que más podría preocupar a Peinado, pues tras su jubilación, prevista para el próximo mes de septiembre, no podrá ser ni trasladado ni suspendido.