Sánchez anuncia una inversión histórica de 2.218 millones para la dependencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes una inversión sin precedentes para la dependencia, con 2.218 millones de euros extra para este año, lo que supone "el mayor incremento de la historia" en la aportación del Ejecutivo al sistema.

El Consejo de Ministros de hoy dará luz verde a un decreto-ley que consolidará esa mejora, con la cual se prevé inyectar, solo en 2026 y 2027, hasta el final de la legislatura, 6.200 millones de euros más respecto a los últimos presupuestos. De este modo, se espera que la aportación del Estado alcance un total de 7.239 millones de euros en 2027, el doble que la que hubo en 2025.

La medida pretende mejorar las condiciones de las más de 1,6 millones de personas dependientes que hay en España y de sus familiares que también dependen del sistema. Lo hace ampliando las cuantías que el Estado transferirá a las comunidades autónomas según el número de pacientes dependientes que albergan en sus territorios y el grado de dependencia que estos tienen. La reforma, según ha detallado el líder del Ejecutivo, se llevará a cabo para lograr tres objetivos principales: reducir las listas de espera, garantizar "más y mejores" cuidados y mejorar las condiciones laborales de los cuidadores.

Según ha precisado Sánchez en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, en la sede del IMSERSO, esta inversión "casi multiplica por cinco" la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y "va a permitir cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura": que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027". "Porque hacer país y más grande nuestra democracia es cuidar de quienes más lo necesitan", ha defendido.

Casi 400 euros más por paciente en grado III de dependencia

Así, se modificará la financiación actual del sistema de dependencia para incrementar las cantidades mínimas que transfiere el Estado a las autonomías por cada persona con dependencia. Concretamente, se duplicará ese dinero por paciente con mayor grado de dependencia, de tal modo que las cuantías para el grado III suben un 128%, pasando de 290 euros a 660 euros al mes; las del grado II suben un 100%, de los 130 a los 260 euros mensuales; mientras que las cuantías para grado I, con una dependencia moderada, suben un 18%, pasando de 76 a 90 euros al mes.

En total, estos incrementos impulsados desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 implican que la aportación económica del Gobierno central a la dependencia alcanzará los 5.513 millones en 2026 y los 7.239 millones en 2018. O, dicho de otro modo, solo el año que viene la inversión en dependencia ya será del doble que en 2025 y cinco veces superior a la de hace una década.

Al hacerse este incremento por la vía del real decreto-ley, su efecto será inmediato y solo reversible mediante una norma con rango de ley. La Administración General del Estado empezará a repartir esas cantidades incrementadas desde el próximo 1 de julio a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias para gestionar la dependencia en sus territorios.

Más dinero para la reforma que se debate en el Congreso

El objetivo del Ejecutivo con este aumento de la inversión es mejorar el sistema, pero también avanzar hacia la desinstitucionalización de los cuidados, acorde con la estrategia del departamento que dirige Pablo Bustinduy. El ministerio asegura que este incremento podría tener un impacto económico de hasta 4.000 millones de euros, con un retorno a las arcas públicas de 3.000 millones y posibilitando la creación de hasta 100.000 nuevos empleos.

El Gobierno aprueba también este incremento ante la previsión de que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad se apruebe próximamente en el Congreso de los Diputados. La norma incluye nuevos servicios y recursos para las personas dependientes, que el Ejecutivo pretende compensar con este aumento de la inversión. De salir adelante la ley, las comunidades autónomas tendrán que ofrecer nuevos modelos de convivencia colaborativa y apoyos en viviendas compartidas; productos de apoyo que mejoren la autonomía, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articladas o asistentes de voz, que se concederán mediante préstamos o cesiones temporales; servicios de asistencia personal; y extensión de la ayuda a domicilio para que quienes soliciten este servicio estén también acompañados fuera de casa, bien sea para ir al médico o para hacer la compra.