Spain: 549,546 immigration regularization requests received, 91,905 admitted

El Gobierno ha recibido ya 549.546 solicitudes de inmigrantes que quieren acogerse al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha en abril por el Gobierno, y de esas solicitudes se han admitido a trámite, de momento, 91.905. Los datos los ha aportado la Abogacía del Estado durante las vistas que se han celebrado en el Tribunal Supremo para debatir la suspensión cautelar del proceso de regularización que piden la Comunidad de Madrid, Vox y tres asociaciones de ultraderecha que esgrimen el supuesto “impacto” en los servicios sanitarios o la alteración del censo electoral que, aseguran, tendrá la regularización. La Abogacía, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Servicio Jesuita a Migrantes han rechazado que existan esos riesgos y se han opuesto a la suspensión.

Las vistas que ha acogido la Sala de lo Contencioso-Administrativo se enmarcan en los recursos que han presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Vox y tres asociaciones (Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica),contra el decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Estas sesiones no estaban destinadas a debatir el fondo del asunto (si la norma es o no legal), solo si hay razones para paralizar el proceso de forma cautelar hasta que el Supremo resuelva las impugnaciones. Pero algunos de los recurrentes, como Vox y la Comunidad de Madrid, han cargado directamente contra la regularización, abundando en los argumentos políticos con los que están oponiéndose políticamente al proceso. La Abogacía y las dos asociaciones contrarias a la suspensión les han reprochado que se basen en “fuentes abiertas” y datos no contrastados.

La previsión del Gobierno era que 500.000 personas que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. El plazo para solicitar acogerse a la regularización se abrió el 16 de abril y termina el 30 de junio y, con los datos aportados por la Abogacía y confirmados por el Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la cifra de solicitantes supera ya ese número.

Tras las vistas del Supremo, el departamento que dirige Elma Saiz ha informado de que número total de solicitudes recibidas está todavía pendiente de filtrado y que, tal y como ocurrió en la regularización tras la DANA de Valencia, pueden existir “duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales”. “El proceso se está desarrollando con total normalidad. Tras su minuciosa revisión caso por caso, se están remitiendo ya autorizaciones provisionales a todos los puntos de España”, ha señalado el ministerio, que incide en que todas las solicitudes que se han presentado correctamente, cumpliendo con los requisitos y no están pendientes de ningún trámite más, están recibiendo la autorización correspondiente a su admisión a trámite.

Por ahora, se han tramitado ya 146.675 expedientes y el filtro de la admisión lo han pasado ya 91.905 personas. Fuentes del ministerio explican que los 50.000 de diferencia entre los admitidos a trámite y los tramitados corresponden a casos pendientes de revisar, pero que se espera que estén resueltos en los próximos días. En contra de lo que han deslizado en el Supremo la Comunidad de Madrid, Vox y la asociaciones que piden la suspensión del decreto, la Abogacía del Estado ha recordado en el Supremo que la regularización exige unos requisitos y las solicitudes no se aprueban de forma automática.

Los servicios jurídicos del Estado y las dos asociaciones que defienden la regularización han contrarrestado las acusaciones de “arbitrariedad” contra el decreto y han rechazado que este pueda implicar la “entrada” de miles de inmigrantes, como ha sostenido el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. “Aquí no hablamos de entrada si no de personas que a 1 de enero de 2026 estaban en España y pueden acreditar al menos cinco meses de residencia”, ha recordado el representante de la Abogacía, quien ha puesto el foco en que los migrantes en situación irregular tienen un déficit de acceso a derechos básicos como la sanidad.

Ese acceso a los servicios públicos es, sin embargo, una de las razones que han invocado Vox o la Comunidad de Madrid para pedir la paralización del proceso. “Son personas que van a ser demandantes de prestaciones por lo que esos servicios se tienen que redimensionar de forma abrupta o se va a causar un conflicto social”, ha asegurado el letrado de la Comunidad. “Se puede intuir el colapso que van a sufrir los servicios públicos”, ha asegurado. El abogado del Estado le ha acusado de exponer “ideas, posibles riesgos y situaciones sobre personas que ya residen en España”. “Con lo cual ya acceden a estos derechos, el problema es si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad de estas personas”, ha advertido.