Venezuela: entre la estabilización inducida y la urgencia democrática

Más de 100 días después del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que propició la captura de Nicolás Maduro y su sustitución por Delcy Rodríguez, el país ofrece una imagen que durante años pareció inalcanzable: cierta apertura económica, señales de reactivación, instituciones que empiezan a moverse, menos miedo inmediato. Todo eso debe reconocerse, pero conlleva una advertencia: el trayecto hacia la normalidad no puede confundirse con el destino de una democracia. Sin un calendario rápido para unas elecciones libres, el peligro es que el régimen se eternice bajo otros nombres y ropajes.

Venezuela ha entrado en una fase que, en apariencia, corrige distorsiones profundas. La economía vuelve a conectarse con el exterior, el aparato estatal se reacomoda, algunas decisiones alivian tensiones acumuladas. Son avances para una sociedad que ha vivido años de emergencia prolongada. Sería un error minimizarlos, pero más aún sobredimensionarlos. La normalidad, tal como se plantea, es un proceso sin garantías. Se pueden estabilizar precios, abrir mercados, reducir el conflicto visible, pero nada de eso asegura derechos cívicos, ni distribuye poder ni establece reglas para la alternancia.

Venezuela requiere una transición democrática real y no un trayecto indefinido hacia un semblante de normalidad. La primera fijaría un horizonte compartido; el segundo proporciona una zona de confort para quienes gestionan el poder. Cualquier mejora será reversible sin una apertura completa del sistema y una amnistía general e incondicional de los presos políticos, y sin el retorno con garantías para exiliados como María Corina Machado o Edmundo González, reconocido por varios países como presidente electo. Venezuela necesita transformaciones de fondo, incluso constitucionales, para romper el cerrojo de un poder que lleva demasiado tiempo en las mismas manos.

La estabilización no ha surgido de un acuerdo interno, sino de una intervención extranjera, y este punto de partida condiciona lo que viene después. Con una normalización inducida desde fuera, la tentación de administrarla sin democratizarla es mayor. Quien impulsó la intervención, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha demostrado que su prioridad no es la democracia. Y una construcción democrática no se delega, y requiere acuerdos incómodos, renuncias mutuas y un compromiso inequívoco con reglas que limiten el poder.

La oposición y sus liderazgos más visibles afrontan una prueba decisiva. El respaldo ciudadano no es solo un capital político: es una responsabilidad. Defender la democracia implica aceptar la pluralidad y evitar la tentación de la exclusión. No hay transición posible si se construye sobre vetos absolutos o sobre la negación del otro como interlocutor. Machado, cuyo apoyo mayoritario fuera y dentro de su país es indiscutible, no estuvo atinada al rechazar reunirse con el presidente Pedro Sánchez o su ministro de Exteriores durante su reciente visita a Madrid. Al mismo tiempo, el diálogo con todos los sectores de la oposición resulta imprescindible si España quiere contribuir a la democratización.

La normalidad puede ser un camino necesario en Venezuela, pero no el objetivo final, que sigue siendo una democracia con reglas claras, contrapoderes y ciudadanos que no dependan de equilibrios precarios para ejercer sus derechos. El resto, por más que alivie, es transitorio. Y, si se prolonga, esta provisionalidad condenará a los venezolanos a vivir bajo un protectorado de Estados Unidos, sin dirigentes legítimos ni libertades.