Zapatero, imputado por tráfico de influencias: España ante un seísmo judicial

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias y otros conexos es un seísmo inédito para España que requiere una explicación detallada del propio imputado y una respuesta inmediata del actual presidente, Pedro Sánchez. La investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, sostiene que Zapatero es el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. Es una acusación muy grave que debe investigarse hasta el final y sin interferencias ni presiones políticas.

La imputación afecta a una figura de referencia en la izquierda y se suma a una lista desgraciadamente larga de escándalos que han golpeado a la cúpula del PSOE y al Gobierno. Sin una reacción contundente del presidente, el hartazgo de la ciudadanía puede dar alas a los discursos populistas que pretenden socavar el sistema y las instituciones.

El juez Calama hizo pública la imputación a la vez que agentes de la Guardia Civil registraban la oficina en la que trabaja el expresidente y la sede de la empresa de marketing de sus dos hijas. La investigación establece que el objetivo de esta organización, que tenía como principal instrumento mercantil la consultora Análisis Relevante, sería simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos e influir en la concesión de ayudas públicas aprovechando la red de contactos de Zapatero.

En este sentido, el juez sostiene que el expresidente dirigió una estructura “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”, en la que puso “sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”. “La influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada”, se lee en el auto, “sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública [53 millones de euros] solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia”. La sospecha apunta que el empresario al frente de la consultora que se encuentra en el centro de la investigación, Julio Martínez Martínez, era en realidad un testaferro de Zapatero y detecta transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos. Además, aporta indicios de que los pagos se ocultaron a través de un entramado de sociedades off-shore y lo acusa de blanqueo de capitales.

Hay en el auto del juez pasajes vergonzosos en los que un accionista de la aerolínea se jacta con un lenguaje burdo de sus planes para pedir ayuda a Zapatero. En otro momento, miembros de la supuesta trama se refieren al expresidente como “nuestro pana”. Es decir, “nuestro amigo“ en Venezuela, un país en el que el expresidente español ha ejercido tareas de mediación, y con cuyos líderes ha mantenido una amistad y cercanía.

Zapatero, que tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, negó en un vídeo cualquier posible ilegalidad. Aseguró que él nunca ha hecho una gestión ante la Administración en favor de Plus Ultra, que no es propietario de ninguna sociedad mercantil y que todos los ingresos por su actividad privada han sido declarados a Hacienda. Ya se había expresado en términos parecidos en el Senado y en los medios de comunicación. La imputación le brinda la oportunidad de reiterarlo ante la justicia. Pero debería explicarse inmediatamente ante la ciudadanía y ante los militantes socialistas.

El expresidente es un referente para su partido y el mundo progresista, donde se recuerda que en sus años de Gobierno se ampliaron los derechos civiles. Fue Zapatero también quien ayudó a Sánchez en su reelección contra pronóstico de 2023, y ha sido para el actual jefe de Gobierno un colaborador fundamental en su diálogo con el nacionalismo catalán y en campañas electoral tan recientes como la de Andalucía. Los socialistas no pueden conformarse con una respuesta que consista en cuestionar a los jueces, precisamente para evitar que este partido y todo el Gobierno queden manchado por lo que por ahora son indicios. Y menos después de ver a dos secretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ya imputados después de reiteradas muestras de confianza por parte del partido. La palabra lawfare, una manera de sembrar dudas generalizadas sobre la justicia para protegerse políticamente de los procesos, está de más en este caso.

Si algo hay que evitar en estas primeras horas son las respuestas apresuradas y sumarísimas. De un lado y del otro. Nadie puede culpar a la oposición por aprovechar la mancha que supone una imputación judicial de esta figura política, pero convertir la jornada aciaga de este martes para la democracia y las instituciones en una prueba de cargo de una supuesta corrupción generalizada es una imprudencia que pueden acabar usando los populistas y la extrema derecha.

No es la hora de las excusas y sí de decisiones que atajen la inquietud y desconcierto que la corrupción provoca entre los ciudadanos y erosiona su confianza en el sistema. Las preguntas legítimas ante la primera imputación de un expresidente del Gobierno en España exigen transparencia, precisión y un respeto escrupuloso al trabajo de la justicia. España ya ha vivido en los últimos meses demasiados escándalos. Si no hay una respuesta convincente ante esta nueva sacudida, los beneficiados pueden ser los enemigos de la democracia.