Ataques con drones contra ciudades sudanesas y decisión egipcia de llevar a Nakhnoukh a juicio

Drones de combate atacaron la ciudad de El Obeid, la ciudad más grande de la región sudanesa de Kordofán, así como la ciudad de Al Rahad Abu Dekna, la tercera más grande en el norte de la región, en los últimos ataques que la región sufre desde hace meses, provocando muertos y heridos, y la destrucción de gasolineras y almacenes.

Fuentes locales sugirieron que las marchas estaban afiliadas a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que han estado luchando contra el ejército durante más de tres años y controlan partes del país.

Tres testigos dijeron a Asharq Al-Awsat que los intensos ataques recientes tuvieron como objetivo instalaciones y convoyes dentro de la ciudad de El-Obeid y en la única carretera que conduce a ella. Un camionero afirmó que vio cómo atacaban 3 tanques de combustible, lo que provocó grandes incendios que se podían ver desde largas distancias.

Otro testigo dijo a Asharq Al-Awsat que la ciudad de Al-Rahad en Kordofán del Norte también fue bombardeada por drones y que un proyectil cayó sobre la casa de una familia, causando daños materiales y un estado de pánico entre los residentes.

El domingo, la Fiscalía egipcia decidió remitir a Sabri Nakhnoukh y a otras 10 personas al Tribunal Penal, alegando que estaban acusados ​​de “cometer una serie de delitos”.

Las fuerzas de seguridad habían detenido al empresario Nakhnoukh en una carretera, después de que los propietarios de una sala de exposición de automóviles en la zona del Quinto Asentamiento, en el este de El Cairo, presentaran un informe en su contra, afirmando que habían sido objeto de intimidación, chantaje y robo por la fuerza por parte de él y de varios de sus hombres, después de que irrumpieron en su sala de exposición y destruyeron su contenido, tras una disputa por una suma de dinero.

A principios de este mes, el Ministerio Público dio a conocer los detalles del caso de detención del polémico empresario, y dio cuenta de los detalles de lo encontrado durante el allanamiento de la residencia del imputado y su sede, incluyendo “cantidades de armas de fuego que incluían fusiles automáticos, una ametralladora y un tambor, además de grandes cantidades de munición real estimadas en alrededor de 1.000 cartuchos, además de dispositivos de comunicación sin licencia, y piezas sospechosas de ser antigüedades. así como una unidad de grabación de una cámara de vigilancia reportada como robada”.

La Fiscalía indicó en su momento que las investigaciones preliminares concluyeron que existían indicios de una formación sospechosa de ser mafiosa, practicando actos de “imposición de control y acoso” mediante el uso de la fuerza y ​​amenazas, utilizando actividades comerciales como fachada para sus movimientos, mientras que los imputados se encontraban detenidos en prisión preventiva en espera del caso, y su detención fue luego renovada por un período de 15 días.

La fiscalía dijo en ese momento que “el estado de derecho avanza firmemente” y que continúan las investigaciones para descubrir todas las circunstancias del incidente y tomar las medidas legales necesarias contra todos los involucrados.

Según la orden de remisión del caso, según informó el domingo el sitio web oficial de la Autoridad Nacional de Medios, los imputados enfrentan cargos que incluyen “despliegue de fuerza y ​​amenaza de violencia, robo por fuerza, amenazas acompañadas de una solicitud, agresión y asalto, acoso intencional y uso indebido de medios de comunicación, además de utilizar una cuenta privada en Internet con la intención de cometer un delito”.

Nakhnoukh ya había sido condenado en 2012 por casos relacionados con “intimidación, posesión de armas y uso de sustancias estupefacientes”. Fue condenado a prisión antes de ser incluido en un indulto presidencial en 2018 por motivos de salud. Esto hizo que su nombre estuviera fuertemente presente en el debate público del país, y se incrementó al asociarse su nombre a la gestión de Falcon Security and Guarding Company, considerada una de las empresas de seguridad privada más destacadas.

La semana pasada, la Fiscalía egipcia también decidió confiscar los fondos de Nakhnoukh y sus acusados ​​en el caso, que incluyen “fondos muebles, acciones, instrumentos, bonos, cajas fuertes, depósitos, billeteras electrónicas y activos inmobiliarios, e impedirles disponer de ellos hasta que se decida el caso”.

El caso de Sabri Nakhnoukh preocupó a los egipcios y a sus seguidores en las redes sociales durante los últimos días, y hicieron circular ampliamente las declaraciones de la “fiscalidad” y los detalles del caso, mientras todavía circulan preguntas sobre el destino de la dirección de la empresa de seguridad y vigilancia “Falcon”.

Mientras el responsable del organismo de organización electoral en Argelia respondía a preguntas acuciantes sobre las “sospechas de corrupción” en las que se basó el organismo para excluir a cientos de candidatos de la votación legislativa prevista para el 2 de julio próximo, los partidos que dirigen la campaña intensificaron sus advertencias sobre una posible abstención en las urnas, en medio de una notable falta de interés de los ciudadanos.

El jefe en funciones de la “Autoridad Electoral Nacional Independiente”, Karim Khalfan, confirmó durante la presentación del resultado general del proceso de estudio de la validez de los expedientes de candidatura para la elección de los miembros de la “Asamblea Nacional Popular” y su decisión el sábado en la capital, que las “conexiones sospechosas con los círculos financieros y empresariales” encabezaban las justificaciones de la exclusión; Por este motivo fueron excluidos 1.762 candidatos, con base en el “Artículo 200, Inciso Séptimo” de la Ley Orgánica de Elecciones.

Khalfan también señaló que los expedientes de 1.141 candidatos fueron rechazados debido a “la emisión de sentencias judiciales que los privaron de su libertad sin beneficiarse de rehabilitación”. Explicó que 571 aspirantes a las elecciones no cumplieron con los requisitos legales para la candidatura, mientras que 72 personas fueron excluidas por “vagabundo político”, lo que significa cambiar de un partido a otro antes de las elecciones, lo cual está prohibido por la ley.

Violaciones y apelaciones

El resto de las justificaciones individuales para el rechazo, según Khalfan, incluían la falta de registro en el distrito electoral objetivo para 62 candidatos y “un intento de influir en la libre elección de los votantes y la buena conducta del proceso electoral” para otros 60, además de la falta de acuerdo con la administración tributaria para 30 solicitantes y la falta de documentos y papeles requeridos en el expediente para 18 casos. La “inelegibilidad” para ocupar un cargo parlamentario en virtud del “artículo 199” de la Ley del Sistema Electoral también provocó la exclusión de 18 candidatos. Se trata principalmente de personas condenadas mediante sentencia judicial firme por un delito grave o un delito menor.

No haber cumplido los 25 años el día de las elecciones impidió la aceptación de 14 expedientes, además de la exclusión de 10 candidatos por no estar resuelta su situación respecto al servicio militar.

En cuanto a las listas o nominaciones colectivas, el titular de la Autoridad Electoral explicó que los motivos del rechazo incluyeron “incumplimiento del número de candidatos legalmente requerido” en 10 listas, “incumplimiento del requisito del quórum de firmas” en 16 listas, “incumplimiento de la condición de asignar la mitad de la lista a jóvenes” en 14 listas y “no presentación de nominaciones alternativas” en 18 listas, además de descartar dos listas por no respetando la condición de paridad y representación de las mujeres, y una lista por no adherirse a la condición de competencia y representación universitaria.

En cuanto a los recursos de apelación, los tribunales administrativos recibieron 2.370 recursos contra las decisiones de rechazo emitidas por la autoridad. De ellas, sólo 120 apelaciones relacionadas con candidatos y listas fueron aceptadas, mientras que otras 2.250 fueron rechazadas. En total, la autoridad independiente aprobó 793 listas que contenían 9.854 candidatos, mientras que rechazó por completo 49 listas, con un total de 746 candidatos.

En cuanto a los distritos electorales de la comunidad nacional en el extranjero, se aceptaron 54 listas con 432 candidatos y se rechazaron 12 listas con 96 candidatos.

“Artículo 200 de la guillotina”

Las estadísticas finales del proceso de selección de nominaciones indican que las mujeres representan el 21 por ciento del total de nominaciones aceptadas, con 2.032 mujeres, mientras que domina el carácter juvenil de las listas, con 5.304 candidatos menores de cuarenta años, lo que equivale al 54 por ciento del total.

El panorama electoral también tiene un claro nivel académico, con 4.673 candidatos con título universitario, lo que representa el 47 por ciento del total de contendientes en esta elección.

En sus declaraciones, Khalfan quiso enfatizar que la Autoridad Electoral “no trató las nominaciones en el sentido de un tamiz, y no excluyó a ningún candidato, sino que activó los artículos de la Ley Electoral en los expedientes”, en una respuesta indirecta a los medios de comunicación y a los líderes de los partidos que criticaron duramente “el uso excesivo por parte de la Autoridad Electoral de la guillotina del artículo 200 de las elecciones como filtro para seleccionar candidatos”.

En la práctica, las normas de seguridad impusieron su lógica como primera puerta de clasificación en el proceso electoral. Antes de que interviniera la autoridad electoral, los servicios de seguridad eran responsables de determinar quién tenía derecho a competir. Lo que condujo automáticamente a la exclusión generalizada de opciones políticas y de candidatos que adoptaron proyectos de reforma y cambio.

El “filtro de seguridad” afectó a todos los partidos, islámicos, de izquierda, nacionalistas y conservadores, formaciones leales y de oposición, e incluso candidatos independientes, en un escenario político que nunca antes se había visto en elecciones.

Esta “obsesión” por “la sospecha del dinero corrupto y su penetración en la política” se debe a un enfoque seguido por la autoridad después de las elecciones presidenciales de 2019, después de que el fallecido presidente Abdelaziz Bouteflika dejara el poder, en el contexto de las protestas callejeras contra su candidatura a un quinto mandato.

En la estimación de los nuevos hombres de poder, los empresarios de la época anterior fueron una de las causas de los desvíos que experimentó el país, especialmente los relacionados con el despilfarro del dinero público y el traslado de grandes sumas del mismo al exterior. Estos fueron algunos de los cargos que los tribunales tomaron como base para encarcelar a decenas de ex funcionarios y financieros, incluidos tres primeros ministros y varios ministros.

A día de hoy, el poder judicial sigue lidiando con las repercusiones de este período.