La Fiscalía Libia incautó grandes cantidades de pesticidas prohibidos en Trípoli, incluidos 19.000 kilogramos de bromuro de metilo y 6.000 cajas de pesticidas agrícolas, como parte de una amplia campaña para combatir las violaciones relacionadas con la seguridad alimentaria y la salud ambiental.
Resumen generado por IA
Esto coincidió con la incautación de grandes cantidades de pesticidas prohibidos dentro de empresas y almacenes en la capital, Trípoli, en una medida descrita como una de las mayores campañas para combatir las violaciones relacionadas con la seguridad alimentaria en el país.
La Procuraduría General de la República explicó que las investigaciones se iniciaron tras recibir información sobre violaciones a los sistemas ambientales y a las normas de protección de la seguridad alimentaria como consecuencia del uso generalizado de pesticidas prohibidos en actividades agrícolas.
El comunicado indicó que durante febrero de 2026, el Ministerio Público realizó inspecciones que incluyeron granjas y puntos de venta en Trípoli, Bengasi y Misrata, donde los resultados de los análisis técnicos de las muestras presentadas a los consumidores mostraron que el 65% de ellas contenían residuos de siete pesticidas prohibidos por la legislación nacional, o sustancias clasificadas internacionalmente como cancerígenas y mutagénicas, además de monitorear violaciones de los límites permisibles para algunos otros pesticidas.
En el marco de las investigaciones, el Ministerio Público anunció la incautación de 19.000 kilogramos de gas metilbromuro y 6.000 cajas de pesticidas agrícolas prohibidos en el interior de varias empresas en Trípoli y sus alrededores, al tiempo que incautó los artículos incautados y completó las diligencias de investigación para determinar los responsables de su importación y circulación.
El fiscal, Al-Siddiq Al-Sur, nos ordenó completar la recopilación de pruebas, determinar las identidades de los involucrados en el ingreso de estos pesticidas al país, inspeccionar los canales de distribución y almacenes de almacenamiento e iniciar procesos penales contra los traficantes y poseedores de pesticidas prohibidos, además de procesar a los usuarios de pesticidas que se demostró que excedieron los porcentajes permitidos.
El Procurador General también discutió, durante una reunión que incluyó a los Ministros de Agricultura, Economía y Medio Ambiente y varios funcionarios de los organismos reguladores y de seguridad, los resultados de las investigaciones y las deficiencias que permitieron el ingreso de plaguicidas que no llevan datos claros sobre sus componentes, destacando la necesidad de actualizar la lista de plaguicidas prohibidos y documentar sus nombres comerciales de manera que mejore el control, proteja la seguridad alimentaria y reduzca los riesgos para la salud y el medio ambiente.
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