Archivada la causa contra Paco Salazar y Francisco Toscano por prevaricación en Dos Hermanas

Paco Salazar, el ex asesor de Pedro Sánchez que tuvo que dejar sus cargos tras ser denunciado por acoso sexual en julio de 2025, fue enchufado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) en 2012, gobernado entonces por uno de los principales valedores del presidente, Francisco Toscano.

Salazar estuvo empleado en el consistorio nazareno entre 2012 y 2017 como director del Hipódromo de Andalucía, con un sueldo de 2.000 euros pero, al mismo tiempo, trabajaba para Sánchez, primero en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, y, más tarde, en La Moncloa.

Pues bien, la jueza María del Valle Rivera considera que para acceder a este puesto, Salazar eludió cualquier proceso de selección y fue directamente contratado por el gobierno municipal de Toscano sin respetar el procedimiento legal. Tanto es así, que la titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, plaza 7, concluye que hay indicios más que suficientes de que la contratación del ex asesor de Sánchez fue delictiva y apunta a un delito de prevaricación.

No obstante, archiva la causa contra Salazar y Toscano -abierta a raíz de una denuncia de Vox- porque el delito habría prescrito. Señala la jueza que la prevaricación tiene un plazo de prescripción de diez años, a lo que suma que la querella de Vox se presentó el 17 de julio de 2025, cuando ya habían transcurrido más de trece años desde la contratación en cuestión.

Decreta, por lo tanto, el sobreseimiento de la causa, pero no sin antes detallar que Salazar fue contratado de forma directa por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que ni siquiera publicó la oferta de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como sí hizo con otros puestos en aquella misma época.

Prescindió el consistorio, señala la juez, "de los trámites esenciales del procedimiento de selección: no se convocó un proceso "que observara los principios de igualdad, mérito, capacidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección" y eso derivó, añade, "en un resultado injusto". Es decir, no se permitió la participación de otros candidatos al puesto "quizás más aptos".

Va más allá la magistrada al asegurar que el fichaje de Salazar respondió a la "voluntad particular y contraria a derecho" del ex alcalde de Dos Hermanas.

Lo que sí descarta el auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, es que Paco Salazar fuese un trabajador fantasma, esto es, que percibiese su salario del Ayuntamiento pero no acudiese a trabajar. Cumpió con sus funciones, concluye la juez Rivera, aunque pasaba gran parte del tiempo en Madrid dedicado a sus otras ocupaciones para el PSOE y Pedro Sánchez.

Salazar ejercía la labor de "enlace" entre el Ayuntamiento de Dos Hermanas y las empresas que gestionaban el Gran Hipódromo de Andalucía, con independencia de que lo hiciese "con mayor o menor intensidad". Recibía su sueldo "como contraprestación a unos servicios", aunque la juez llega a cuestionar en su resolución que su puesto fuese necesario y que el fichaje de Salazar podría ser reprochable "desde un punto de vista político o, incluso, ético".

En definitiva, que no hay delito de malversación de caudales públicos, tal y como sostenía Vox, que aseguraba en su querella que Salazar ocupaba todo su tiempo en Madrid mientras cobraba de las arcas públicas municipales.

Tampoco ve probado que Toscano ejerciese una influencia directa sobre alguno de los miembros de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la contratación de Salazar. Pero añade que, incluso si esa influencia se hubiera producido, el delito, tráfico de influencias, estaría igualmente prescrito.