Ayuso's 'unborn child' law delayed by PSOE's procedural challenge

Un último pleno en el que exhibir músculo parlamentario y poner el broche al periodo de sesiones en la peor semana de la legislatura para el Gobierno de Pedro Sánchez. Así encaraba Isabel Díaz Ayuso este jueves el cierre del curso en la Asamblea de Madrid, donde estaba previsto que sacara adelante sin grandes obstáculos tres leyes de importante peso para la Comunidad de Madrid. Pero un movimiento del PSOE en el descuento ha frustrado parcialmente las aspiraciones de la presidenta autonómica.

Una de esas leyes, la del concebido no nacido -quizá la de mayor peso ideológico de esas tres normas- tendrá que esperar a otoño para ver la luz verde de la cámara de Vallecas después de que un escrito de nulidad registrado por los socialistas activara los resortes de la Mesa de la Asamblea. Diversos defectos de forma, entre ellos la ausencia de dos informes clave, obligaron ayer a sacar del orden del día de hoy una de las leyes estrella de Ayuso, cuya aprobación se anunció en el marco de la visita del Papa, y que pasa a reconocer al feto como elemento de la unidad familiar de cara a la obtención de ayudas.

Una «chapuza», definen en las filas socialistas, que se va a intentar solucionar relativamente rápido, ya que la intención del Partido Popular, que domina en la Asamblea con su mayoría absoluta, es convocar un pleno extraordinario el 2 de julio para aprobar esta ley. De no lograrlo, la norma debería esperar a otoño para salir adelante.

Fuentes parlamentarias definen como un «error» la ausencia de estos dos informes preceptivos, elaborados por el Consejo de Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Dirección General de Atención al Ciudadano y Transparencia. Más si cabe cuando ambos fueron elaborados, aunque presentados fuera de plazo. La decisión inmediata de la Mesa, al conocer la situación y tras el escrito de nulidad del PSOE, fue apartar del orden del día de hoy y volver a abrir el plazo de enmiendas para este proyecto legislativo.

Las fuentes de laComunidad de Madrid consultadas achacan a una «demora» de estos dos informes la causa de la paralización del trámite de la norma. Pero reivindican, en contraposición a las críticas procedentes de la izquierda, que el expediente que acompaña al proyecto de ley está completo desde el momento en el que tuvo el visto bueno del Consejo de Gobierno, antes de ir a la Asamblea.

De hecho, se apunta a la aprobación en el Consejo de Gobierno como el check definitivo del expediente que prueba que toda la documentación cumple los requisitos. El informe favorable de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, de hecho, se hizo antes de que el texto llegara al Consejo de Gobierno.

Explicaciones que no convencen a la izquierda, que contra todo pronóstico llega a este último pleno del periodo ordinario crecida contra Ayuso, a la que se le reprochará las «condiciones» en las que se ha intentado tramitar el proyecto de ley. «Encima de machistas, chapuceros», señalaba ayer la diputada del PSOE Lorena Morales, quien recriminó a Ayuso sus políticas «natalistas», cargadas de «retrocesos» y de profunda carga «ideológica».

Lo cierto es que la Mesa ha paralizado el trámite de la ley no por su contenido, sino por defectos formales. En cualquier caso, las fuerzas progresistas entienden este retraso como una victoria que paraliza, aunque sea unas semanas, la norma estrella de Ayuso. «El PP se ha visto obligado a retirar su ley del concebido no nacido para no cometer una ilegalidad», reaccionaban ayer, por su parte, fuentes de Más Madrid. El principal partido de la oposición regional había tratado de ralentizar hasta el último momento el avance de la ley con la presentación de enmiendas que posteriormente fueron tumbadas. «Son unas enmiendas que se descalifican a sí mismas. Son una burla», valoraba ayer el portavoz de la Comunidad, Miguel Ángel García, antes de conocerse la decisión de la Mesa.

No obstante, y a pesar de la sorpresa de última hora con la ley del concebido no nacido, el PP cierra el curso con un importante sprint parlamentario y la aprobación de dos normas de peso para Ayuso: la de caza y pesca, un guiño para el campo en plena pugna con Vox que flexibiliza estas prácticas en la Comunidad, y la de relevo generacional, que activa nuevas ayudas fiscales para el traspaso de negocios de toda la vida en el seno familiar.