Ceuta ante la crisis migratoria: Protección de menores frente a la crisis humanitaria

Los menores que llegaron a Ceuta en medio de la avalancha no son irregulares por mucho que Santiago Abascal los considere “invasores” y los pactos de gobierno de Vox con el PP los deshumanicen. El asalto a la frontera deja dudas sobre los servicios de información españoles, la colaboración más o menos leal de Marruecos y las dotaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad en la ciudad, pero no puede generar ninguna vacilación sobre la protección de los menores. Tras la peor crisis de la frontera sur, Ceuta está atendiendo a 1.342 menores migrantes cuando solo dispone de 30 plazas. Un 2.600% por encima de sus posibilidades. Eso sin contar los niños que quedan en la calle sin identificar y que ceutíes como Ramza Moreno ayudan a incluir en un censo doméstico de las oenegés. Nadie sabe cuántos hay, y el retorno a Marruecos es “prácticamente imposible”, admite el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en pleno trauma. La ciudad autónoma –como Canarias y Melilla– lleva desde el año pasado en situación de “contingencia migratoria extraordinaria”. Es decir, que ha superado tres veces sus recursos para recibir y proteger a los menores. La reforma de la ley de Extranjería contempla la acogida vinculante y solidaria en todas las comunidades ante crisis como la de Ceuta, y ahora toca cumplir. Si no, ahí está la Fiscalía. Si una sentencia del Tribunal Supremo ha sido señalada como la semilla que desató la avalancha sobre la frontera, es el mismo tribunal el que sentó jurisprudencia sobre la obligación de las autonomías de hacerse cargo de los menores, tutelarlos y proteger sus derechos, entre ellos los educativos y sanitarios. Si con la crisis canaria el Supremo frenó los pies a la Comunidad de Madrid y determinó que mantener a los menores “hacinados” en las islas les provocaría “graves daños”, cuesta imaginar a los magistrados contradiciéndose ante la magnitud de lo ocurrido en Ceuta. Sin estridencias ni aspavientos, el presidente ceutí interpela a los suyos. Esos barones del PP que hasta ahora han batallado en los tribunales el reparto de menores. Las comunidades populares y su apéndice socialista, Castilla-La Mancha, recurrieron ante el Tribunal Constitucional la obligación de acogida solidaria. Luego se lanzaron a un puerta a puerta judicial: Constitucional, Supremo y los dos juzgados de lo contencioso-administrativo de Ceuta. Se ha discutido el traslado a la Península niño a niño, con éxitos dudosos, por ejemplo, para Aragón. Se atendió un recurso porque no se justificó el traslado de un niño a Zaragoza y no a otra ciudad. Tampoco han faltado plantones de consejeros a las conferencias sectoriales. Ahora Vivas invoca la “emergencia humanitaria” para atar al PP a la ley mientras en Vox se llama a “cazar uno a uno” a los inmigrantes que entraron en Ceuta. Los cuatro acuerdos de coalición del PP con la ultraderecha en Andalucía, Aragón, Extremadura y Castilla-León incluyen un apartado titulado “No más menores extranjeros no acompañados” y recogen de forma expresa el compromiso a oponerse “por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales”. Ruido y más ruido porque el mecanismo ha estado activo hasta finales de julio, se ha realojado a más de 1.750 menores. Ahora el dilema de los barones del PP es si dejan a un compañero en la estacada mientras Vox mantiene el relato de la “invasión”. “Ni un euro de los españoles para menas, para ilegales, para invasores…”, clama la ultraderecha. La ley se cumplirá y volverá la batalla judicial, pero Vox no romperá los gobiernos otra vez. Los discursos son suficiente para su electorado.