El Ingreso Mínimo Vital cumple cinco años con la mitad de hogares elegibles sin solicitarlo

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) cumple cinco años con un problema que sigue sin resolverse: más de la mitad de los hogares que podrían recibirlo siguen sin solicitarlo cinco años después de la puesta en marcha de la prestación. La quinta evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) presentada este jueves estima que, al cierre de 2025, había 1.031.442 hogares que cumplían los requisitos de renta y patrimonio para acceder a la ayuda. Sin embargo, solo 455.401 la cobraban. La prestación llegaba así al 44,2% de los hogares que tenían derecho a ella. Con esta advertencia, el organismo ha dado por concluido su ciclo de evaluaciones anuales sobre la prestación y ha anunciado que este será el último informe que publiquen sobre el tema hasta que el Ministerio de Inclusión corrija los problemas estructurales que sufre el diseño de la ayuda desde sus inicios.

La llamada tasa de no acceso ―el porcentaje de hogares que cumplen los requisitos pero no reciben la prestación― sigue siendo uno de los principales problemas del IMV. En cinco años, el sistema ha ampliado su cobertura y ha mejorado los tiempos de gestión, pero esos avances no han conseguido reducir de forma suficiente la distancia entre quienes tienen derecho a la ayuda y quienes finalmente la perciben.

El Ministerio de Inclusión, por su parte, ha defendido el éxtio de la prestación asegurando que ha llevado la pobreza a mínimos históricos y sacando pecho del recorte en los tiempos de espera. Sobre el hecho de que la mitad de los potenciales beneficiarios no pida la ayuda, cuestiona los cálculos de la Airef e insiste en que “esta aproximación estadística puede diferir de la tasa real porque estima los hogares que cumplen el requisito de la vulnerabilidad económica pero no tiene en cuenta los requisitos no económicos, como la unidad de convivencia o el empadronamiento, imprescindibles al aprobar una solicitud de IMV”.

La gestión, en efecto, ha mejorado. En el último año, el Ministerio ha reducido en 104 días los tiempos de tramitación de los expedientes, hasta situar la mediana de resolución en 99 días. El número de hogares beneficiarios también aumentó un 16% en términos interanuales. La cobertura ha pasado, además, del 36% registrado en las primeras evaluaciones al 44,2% actual. Pero el incremento de beneficiarios no ha ido acompañado de una reducción equivalente del número de hogares que, pese a cumplir las condiciones, permanecen fuera del sistema.

La Airef apunta a varias razones, entre las que destacan las dificultades en el proceso de solicitud. Los problemas relacionados con la acreditación de la unidad de convivencia y el empadronamiento explican el 66% de las denegaciones. La cuestión afecta especialmente a hogares en los que resulta difícil acreditar quién convive con quién, como familias extensas, parejas no formalizadas o personas que comparten vivienda sin un contrato que lo acredite. A esto se suma el desfase entre la situación económica que se utiliza para decidir quién tiene derecho a la prestación y la que atraviesa el hogar cuando presenta la solicitud. El sistema se apoya principalmente en los ingresos del año anterior, lo que puede retrasar la respuesta ante una pérdida repentina de ingresos.

En una comparativa europea, el modelo español también es menos efectivo. Aunque en términos de cuantía el país se sitúa entre aquellos con una renta garantizada más elevada, esto no se ha traducido en una mayor cobertura. En consecuencia, España sigue por debajo de la media europea en el alcance de este tipo de ayudas y en su capacidad para reducir la pobreza severa. En parte, esto se debe a que en el resto de países, los sistemas de identificación y concesión automática permiten localizar con mayor facilidad a los hogares que cumplen los requisitos. En España, el acceso depende de que la población conozca la prestación, pueda acreditar su situación económica y complete el proceso administrativo.

El segundo mayor problema tiene que ver con la falta de integración laboral. La prestación nació con la intención de facilitar la incorporación al mercado de trabajo, pero la efectividad para conseguir un empleo sigue siendo limitada. En observatorios previos, la Airef ya habia precisado que el diseño actual del IMV reducía la probabilidad de trabajar un 12% de media. En los hogares monoparentales y en aquellos beneficiarios menores de 30 años, la cifra es más grave, pues recibir la prestación desincentiva la participación laboral en un 20%. El problema, según el organismo, es que aceptar un empleo puede suponer para algunos beneficiarios la perdida del IMV pese a tener trabajos con salarios bajos o contratos inestables. En esos casos, la diferencia entre los ingresos procedentes del empleo y los que garantiza la prestación puede ser insuficiente para compensar la pérdida de protección.

Para paliar estos efectos negativos, el Gobierno puso en marcha en 2023 un incentivo al empleo, reformado en marzo de 2026. El mecanismo permite que una parte del incremento de los ingresos laborales no se tenga en cuenta a la hora de calcular la reducción del IMV. Sin embargo, la Airef considera que el incentivo apenas ha tenido efecto y en consecuencia, las tasas de integración laboral se mantienen estancandas.

Por este motivo, el organismo exige reformar la prestación. La meta es evitar que el IMV se convierta en una trampa de permanencia, ya que los datos actuales muestran que el 46% de los hogares sigue cobrando la ayuda cinco años después de haber entrado en el sistema, una cifra que escala hasta el 57% en los casos donde la prestación cubre casi la totalidad de la renta garantizada del hogar. En respuesta, el Ministerio ha rechazado la posibilidad de que la ayuda desincentive el trabajo y ha insistiendo en que su reciente reforma eleva un 3% la probabilidad de conseguir un contrato fijo.

Por otra parte, la autoridad fiscal ha recordado que más de la mitad de los perceptores del IMV debe combinar la ayuda con otras prestaciones, mientras que un 16% recibe dos o más ayudas adicionales. En este terrerno, se observa que la ayuda por desempleo es la que más se solapa, pues el 16,6% de los titulares lo percibe durante su primer año como beneficiario del ingreso mínimo vital. Esta tasa en mayor entre la población de más de 52 años, lo que según la Airef “exige reforzar la coherencia entre coberturas”. Ante esta sugerencia, el Ministerio de Igualdad ha asegurado que al ser una “prestación de último recurso”, es razonable que conviva con otras ayudas similares y, en cuanto a una posible reforma del subsidio de desempleo, insisten en que es competencia del Ministerio de Trabajo.