El Ministerio de Consumo envía 541 cartas a grandes tenedores recordándoles la obligatoriedad de aceptar la prórroga de alquileres

Como ya hiciera en una primera tanda a finales del mes pasado, el Ministerio de Consumo ha vuelto a enviar una nueva remesa de cartas este viernes a empresas que gestionan alquileres, recordándoles la obligatoriedad de que acepten la prórga extraordinaria de los alquileres si los inquilinos se la solicitan a través de un burofax. En esta ocasión han sido más de 500 cartas dirigidas a compañías en cuya cartera hay más de 50 propiedades, por lo tanto, se trata de grandes tenedores.

El texto, como sucediera en la primera ocasión, es claro: el mero envío del burofax por parte de los arrendatarios basta para que se ejecute la continuidad del alquiler durante un periodo máximo de dos años bajo las mismas condiciones contractuales. La vigencia del real decreto que contempla esta moratoria será sometida a votación en el Congreso el próximo martes, 28 de abril.

Según ha detallado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, la carta ha sido enviada este viernes a un total de 541 empresas, como inmobiliarias, fondos de inversión o entidades financieras, que concentran más de 50 propiedades en alquiler en España. En total, las empresas contactadas gestionan más de 50.000 viviendas en alquiler.

Este segundo lote de cartas se une al que se envió el pasado 30 de marzo, y que entonces sumaba 13 cartas a inmobiliarias y fondos de gestión que administraban más de 100.000 viviendas. Con todas estas misivas, el Ministerio de Consumo pretende seguir ejerciendo presión y reforzar su posicionamiento acerca de la viabilidad legal de la moratoria, al menos mientras esté vigente, en tanto que existen dudas jurídicas que ponen en entredicho la valía de estas solicitudes si el próximo martes el decreto que contiene la prórga ―además de un tope del 2% a las subidas anuales― no reúne los apoyos parlamentarios suficientes, como así parece que será.

El envío de cartas por parte del Ministerio ha sido duramente criticado por la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que ha tachado este comportamiento de "irrespetuoso". Además, según su presidente, José María Alfaro, asegurar que la prórga se llevará a cabo "puede generar falsas expectativas entre los inquilinos, quienes podrían iniciar solicitudes confiando en una normativa que finalmente podría no entrar en vigor o hacerlo con modificaciones sustanciales".

La carta explica a los grandes tenedores en qué consiste la prórga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual: el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Por tanto, la norma, defiende el Ministerio, genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.