El PSOE comunicó a un abogado que no pagaría facturas de 53.000 euros por falta de servicios

El PSOE ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que hace casi un año informó al abogado Jacobo Teijelo, presunto integrante de la trama Leire Díez, mediante un burofax, de que no le pagaría las dos facturas señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que suman un total de 53.000 euros.

En su último informe, los agentes indican que el letrado se las envió por correo electrónico pero que el partido no las aportó. Fuentes jurídicas aseguran a EL PAÍS que el abogado de los socialistas enseñó ese mismo burofax a los uniformados el pasado 27 de mayo, cuando acudieron a la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para recabar la información reclamada por el instructor en el marco de sus pesquisas sobre la presunta existencia de una organización criminal dedicada a buscar información para boicotear las investigaciones que afectaban a la formación y al Gobierno.

Las facturas bajo la lupa se emitieron el 10 de abril y el 23 de mayo de 2025, por un importe de 26.500 euros cada una, como parte de los servicios de consultoría jurídica prestados por Teijelo a la organización política. La UCO señala en su informe que “no existe constancia” de las mismas “entre la documentación aportada por el PSOE” a los investigadores. Según los uniformados, fue el propio Teijelo quien el pasado 28 de mayo, un día después de que fueran a Ferraz, les envió un email con las dos facturas.

Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que los agentes no solo eran conocedores de ambas facturas, sino que el mismo 27 de mayo el abogado del partido les mostró el burofax enviado a Teijelo para notificarle que no pagarían esas facturas. El documento, fechado el 2 de julio de 2025, expone que el 17 de junio de ese año el abogado reclamó al PSOE por correo electrónico el pago de dichas facturas, alegando que correspondían a “servicios” de abril y mayo “pendientes de abono”.

“Como quiera que no nos constan los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos, no podemos atender al pago de dichas facturas”, reza el burofax, al que ha tenido acceso este periódico. El PSOE ya ha aportado toda esta información al juez Pedraz.

El PSOE dio este paso tras conocerse la imputación de su hasta ese momento secretario de Organización, Santos Cerdán, como presunto líder de la trama de amaño de obra pública investigada en el caso Koldo. Teijelo y el exdiputado de la CUP Benet Salellas fueron los abogados elegidos por el ex número tres de los socialistas para defenderle.

Atendiendo a esta circunstancia, los socialistas aprovecharon ese mismo burofax para comunicar a Teijelo que, “por incompatibilidad sobrevenida”, debían dar por “resuelta cualquier relación de prestación de servicios” entre él y el PSOE desde el momento en que el letrado asumió la defensa de Cerdán, que aún ejerce junto a Salellas.

La actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, explicó el lunes en rueda de prensa que esas facturas “nunca” se pagaron. “Esos contratos de asistencia jurídica se hicieron a petición del secretario de Organización y, cuando cesó, se dejaron esos contratos que le asistían”, añadió.

Según las pesquisas, Teijelo se incorporó a la presunta trama por ser el abogado de varios investigados en causas relativas a fraudes millonarios en el sector de los hidrocarburos. El letrado afirmaba que podía conseguir la nulidad en un caso clave y, a partir de ahí, extenderla a otros, entre ellos algunos de los que la organización criminal tenía en su diana. De acuerdo con el relato judicial, su aportación se formalizó con “una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por Ana María Fuentes” ―su gerente (también imputada)―, amparaba los pagos a Teijelo.

Hasta ahora, la Guardia Civil había localizado tres facturas emitidas por el abogado al partido por un total de 125.000 euros. Estos papeles, tanto la nota de encargo como esas tres facturas, estaban entre la documentación requerida al PSOE y la aportada por el propio Teijelo. En este último informe, la UCO ubicó a Cerdán detrás de la decisión de contratar al abogado. En base a la documentación entregada por los socialistas, el instituto armado aseveró que no solo tomó la “iniciativa” sino que “habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios”. El juez sospecha que la supuesta trama usó las empresas de Teijelo, del también abogado Ismael Oliver y del ex alto cargo socialista Gaspar Zarrías para camuflar pagos a la red.