Estados Unidos impone nueva ronda de aranceles con blindaje legal

Como Sísifo empujando la roca en la montaña, Donald Trump reconstruye una barrera arancelaria una y otra vez pese a los continuos reveses de los tribunales. El presidente estadounidense ha levantado un muro amorfo, caótico y repleto de agujeros con la tercera ronda de aranceles.

Estados Unidos aprobó este jueves un nuevo marco comercial por el que establece aranceles de entre el 10% y el 12,5% a más de 60 economías con el argumento de que incumplen las normas sobre importación de trabajo forzoso. Estos nuevos impuestos sobre la importación de productos entraron en vigor esta medianoche a las 00.01, según precisa la orden ejecutiva firmada el jueves por Trump.

Este sistema, aprobado en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, busca evitar un vacío legal porque este viernes expiraba el anterior arancel universal del 10% en vigor desde el pasado enero. Este, a su vez, sustituyó a los llamados aranceles recíprocos de la primera ofensiva comercial de Trump, del llamado Día de la Liberación del 2 de abril de 2025, que fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.

Blindaje legal

El principal objetivo de la Casa Blanca con esta última estrategia comercial es resistir futuras embestidas judiciales, como sucedió con las dos rondas previas. Así que el nuevo esquema no solo cambia la política comercial, también la arquitectura jurídica para tratar de blindarla frente a posibles impugnaciones judiciales.

La orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente Trump precisa que está basada en 60 investigaciones separadas y distintas; está repleta de cautelas y precisiones para justificar las medidas e insiste en que, si un tribunal anula una de sus partes, las demás seguirán vigentes.

La insistencia de la Casa Blanca en esos términos no es casual. Ha sufrido varios contratiempos judiciales. El Tribunal Supremo declaró ilegal el primer intento de Trump de imponer aranceles recíprocos invocando la Ley de Poderes de Emergencia (IEEPA), prevista para otras circunstancias. Además, recordó al presidente que no puede eludir el control del Congreso para imponer estas medidas. Meses más tarde, el Tribunal Comercial de EE UU también anuló el arancel universal del 10% con el que sustituyó los que había tumbado el Supremo, pero mantuvo su vigencia mientras se resolvían los recursos.

Ahora, la Administración se ha esforzado por construir un armazón legal que proteja judicialmente el nuevo marco. Para ello se ha basado en la Sección 301, que faculta al presidente a imponer aranceles a países que incurran en prácticas “desleales, injustificables o discriminatorias”.

Sistema complejo y caótico

Pero el esquema que ha construido es complejo, caótico. La orden ejecutiva de Trump está acompañada por un anexo de 55 páginas que contiene múltiples reglas arancelarias, recoge numerosas exenciones por productos y sectores, regímenes especiales y tratamientos diferenciados por países.

El texto legal deja un amplio margen de discrecionalidad a la Administración estadounidense para establecer otras excepciones en caso de “productos que podrían causar perturbaciones en toda la economía si estuvieran sujetos a estos aranceles; materias primas que podrían provocar la falta de disponibilidad de suministro nacional, y productos que no pueden cultivarse o producirse en cantidades suficientes en los Estados Unidos”.

En realidad, si se cuentan de forma individual a los países de la UE, la nueva oleada afecta a 91 países. Introduce tratamientos específicos para los socios con los que ya alcanzó acuerdos comerciales, como la UE, Japón, Corea del Sur o Suiza. Incluye exenciones para semiconductores, productos farmacéuticos, acero, aluminio, automóviles, aeronaves civiles y materiales informativos, entre otros.

La orden ejecutiva no alude al acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y la Unión Europea el verano pasado en Turnberry (Escocia), por el que se fijaba un arancel del 15%, que entonces se consideraba preferencial y ahora podría dejar al bloque comunitario en desventaja frente al resto de países que pagarán un 10%. No obstante, el texto legal explica que los productos importados de la Unión Europea, Japón, Corea, Suiza o Taiwán, “estarán netos de los aranceles de Nación Más Favorecida (NMF)”, un tipo de gravamen aduanero que garantiza la no discriminación entre socios comerciales al exigir que cualquier ventaja, arancel bajo otorgado a un país se extienda automáticamente a todos los demás miembros del sistema. Así, que en principio la UE solo verá aumentados los aranceles para aquellos productos que tengan actualmente un arancel inferior al 10%. Aunque Trump ya ha amenazado con elevarlos hasta el 100% para los países que impongan la tasa Google.

Trabajo forzoso

Se da la paradoja de que Estados Unidos impone los aranceles a la Unión Europea, uno de los bloques más avanzados en materia laboral, y a otras 64 economías por incumplir las reglas de importación de trabajo forzoso. En realidad, la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), encargada de las investigaciones que sustentan los aranceles, acusa a estas economías de no haber prohibido o no hacer cumplir eficazmente las normas que prohíben importar bienes producidos en territorios donde hay trabajos forzosos, lo que causa un perjuicio para las empresas estadounidenses.

Es decir, sostiene que, aunque la UE tiene reglas que prohíben el trabajo forzoso, no las hace cumplir adecuadamente. El texto legal no precisa a qué se refiere con trabajo forzoso, ni en qué países se dan esas prácticas. Tampoco desvela el resultado de la investigación que justifique que Bruselas no vigila esa prohibición.

La Oficina Comercial (USTR) explica que propone los aranceles para eliminar “los actos, políticas y prácticas punibles” en cada investigación en base a los trabajos forzosos conforme a la Sección 301. Precisa que hay economías, para las que se fijan aranceles del 10%, “que imponen una prohibición de importación de trabajo forzoso pero aún no la hacen cumplir de manera efectiva (Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán)”. También hay otras que se han comprometido a aprobar esas normativas para prohibir esas prácticas (Argentina, Bangladesh, Camboya, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malasia y Taiwán); otros países que cuentan con un régimen parcial, pero insuficiente (Reino Unido), y otro bloque de economías que directamente no cuentan con ninguna regulación al respecto.

“La norma recoge un mecanismo para el sector textil que permitiría la entrada a Estados Unidos de un determinado volumen de importaciones de prendas de vestir y textiles con un arancel del 0%”, una medida que parece dirigida a favorecer a China.

Esta tercera ronda de aranceles, además, parece alejada del objetivo inicial de Trump de corregir los desequilibrios comerciales. Se basa en un argumento tangencial que, pese a los intentos de blindarlos, es probable que las empresas estadounidenses afectadas vuelvan a llevar a los tribunales.