Francia prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Francia se ha convertido este martes en el primer país europeo en prohibir a los menores de 15 años acceder a las redes sociales. La ley que lo regula fue aprobada definitivamente con el respaldo de ambas cámaras del Parlamento: obtuvo 243 votos a favor y 2 en contra en el Senado, y 279 votos a favor y 81 en contra en la Asamblea Nacional.

El presidente Emmanuel Macron, que había impulsado esta medida y la había convertido en una bandera de la recta final de su mandato, celebró su aprobación asegurando que “Francia abre el camino en Europa” para la protección de los niños y adolescentes. “Me había comprometido a ello, ahora está aprobado: las redes sociales estarán prohibidas para menores de 15 años a partir del curso escolar”, ha dicho.

La norma entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. A partir de esa fecha, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales y las plataformas dispondrán de cuatro meses adicionales para eliminar las que pertenezcan a menores de esa edad ya existentes. La medida convierte al país en el segundo del mundo, después de Australia, en aplicar una restricción de este tipo de forma legal. Pero algunas voces consideran que no será tan fácil desplegar la medida.

La ley establece una prohibición general del acceso a las redes sociales para los menores de 15 años y no incluye una lista de plataformas concretas. En su lugar, remite a las definiciones de “plataforma en línea” y “servicio de redes sociales en línea” recogidas en la legislación europea. Quedan expresamente excluidos algunos servicios como las enciclopedias online y los directorios educativos o científicos. No está claro tampoco cómo se ejecutará el sistema de verificación, que depende totalmente de las plataformas. Tampoco el encaje en el marco legal europeo, que trabaja para unificar una medida similar en el resto de países de la UE.

Durante el debate parlamentario surgieron dudas sobre la definición de red social. Aunque parece claro que plataformas como TikTok (una de las más señaladas por sus elementos adictivos), Instagram o Snapchat estarían sujetas a la prohibición, persisten interrogantes sobre servicios como YouTube, WhatsApp, Reddit o incluso videojuegos con funciones sociales, como Roblox. Según explicó la diputada Laure Miller, impulsora de la ley, y recogió el periódico Le Monde, en algunos casos solo determinadas funcionalidades estarán sujetas al control de edad.

YouTube, por ejemplo, controlará la posibilidad de compartir contenido y WhatsApp solo el acceso a los canales, mientras que otras funciones podrían quedar fuera de la restricción.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el pasado 3 de febrero que su Ejecutivo prohibiría también el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años. España se unía así a la denominada “Coalición de los Digitalmente Dispuestos [Alemania, Grecia, Noruega o Italia]”, en línea con otros países como Grecia, que también lo había anunciado. Reino Unido también aprobó una medida similar, que entrará en vigor a inicios de 2027.

Macron, sin embargo, ha llegado primero y ha sido uno de los principales impulsores de esta ley en Europa. Ya en enero, cuando se aprobó el artículo central de la ley y no quedaba ninguna duda de que saldría adelante, el presidente de la República lanzó un potente alegato. “Las mentes de nuestros hijos no están en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas. Porque sus sueños no deben ser dictados por algoritmos. Porque no queremos una generación ansiosa, sino una generación que crea en Francia, la República y sus valores”.

La ley no prevé ninguna sanción para los niños, ni para los padres. Todo el peso de la ley recaerá sobre las plataformas, responsables de la verificación y el control de la edad de sus usuarios. “¿Cómo creer seriamente que en unas pocas semanas, en pleno verano, un sistema tan complejo podrá estar operativo? ¿Quién llevará a cabo, en la práctica, las verificaciones de edad?“, preguntó la senadora ecologista Mathilde Ollivier, que denunció un texto ”para aparentar".

Ese es uno de los elementos que tendrán que clarificarse en las próximas semanas. De hecho, algunos actores del sector digital consideran que la estrategia actual no es viable. “Pedir a las personas que envíen documentos personales a cada aplicación que descargan de forma individual genera verdaderos riesgos para la privacidad”, señaló Meta en un comunicado publicado en junio. Como alternativa, algunas de estas empresas proponen otra solución. Es decir, trasladar esta responsabilidad al nivel del teléfono inteligente.

Ambiciosa iniciativa europea

El proyecto francés forma parte de una iniciativa europea más amplia para reforzar la protección de los menores en el entorno digital. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el pasado 13 de julio que el Ejecutivo comunitario presentaría nuevas propuestas después del verano para establecer un sistema de acceso progresivo a las redes sociales según la edad. Ese mismo día, un grupo de expertos designado por la Comisión recomendó prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, incluyendo también los asistentes de inteligencia artificial.

La ley, que también incluye prohibir los teléfono móviles en los institutos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria, podría enfrentarse a nuevos obstáculos jurídicos. El diputado socialista Arthur Delaporte anunció que su grupo parlamentario estudia recurrirla ante el Consejo Constitucional si no se clarifican algunos aspectos sobre las redes que se restringirán. Aunque el texto parece ahora compatible con la normativa europea, siguen existiendo dudas sobre su adecuación a la Constitución francesa.

El Consejo de Estado advirtió hace algún tiempo de que algunas disposiciones del primer proyecto podían afectar a libertades fundamentales debido a la amplitud de la definición de las redes sociales afectadas. Si finalmente se presenta el recurso, la promulgación de la ley podría retrasarse, aunque ello no implicaría necesariamente modificar el calendario previsto para su entrada en vigor el 1 de septiembre.