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Guardia Civil searches Tubos Reunidos over alleged corruption in state rescue
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Guardia Civil searches Tubos Reunidos over alleged corruption in state rescue

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El País
Yayıncı
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede central de Tubos Reunidos en Amurrio (Álava) y a sus oficinas en Bilbao para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una pieza del caso Leire que mantiene bajo secreto, según han confirmado a EL PAÍS fuentes conocedoras del sumario. Además, la unidad de la Guardia Civil ha solicitado información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre la compañía.

Como Air Europa, Plus Ultra o Duro Felguera, la empresa fue rescatada en la pandemia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dependiente de la SEPI, que se creó en julio de 2020 y se dotó de 10.000 millones de euros para dar oxígeno a empresas que atravesaban dificultades económicas por la emergencia sanitaria. En mayor o menor medida, estas inyecciones por parte del Estado han sido puestas en entredicho, ya sea en sede judicial como parlamentaria, por posibles irregularidades.

Con la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el pasado 10 de diciembre, salió a la luz que la Audiencia Nacional investigaba una trama de corrupción en cuya cúspide se sitúa a Díez, junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Las pesquisas se centran en si esta red usó su influencia en operaciones en las que se concedieron ayudas y contratos, entre ellos el rescate aprobado en julio de 2021 a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros.

Según adelantó el diario El Mundo, Fernández fue contratado por Tubos Reunidos como asesor entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. O, lo que es lo mismo, unos meses después de que la SEPI inyectase, previa aprobación del Consejo de Ministros, los 112,8 millones en la compañía. El expresidente de lo que se conoce como el brazo industrial del Estado fue detenido en diciembre de 2025 en el marco de esta investigación.

This article was originally published by El País.

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