Juez vincula a Zapatero con una trama de tráfico de influencias por el rescate de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama que se habría beneficiado económicamente de sus influencias. Entre otras actuaciones, habría intervenido para que el Gobierno aprobara un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en el 2021. Concretamente, el magistrado fija en 1,5 millones de euros las comisiones que el exlíder socialista habría cobrado a través de un entramado societario, a lo que se añadiría casi un millón de euros que habrían recibido sus hijas a través de su empresa.

En el auto por el que se acuerda la entrada y registro de su despacho oficial y de otras mercantiles, el instructor sostiene que Rodríguez Zapatero habría liderado “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. El juez atribuye al exjefe del Gobierno “la intervención directa” en operaciones internacionales de “alto valor económico, como las relativas a petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas”.

Según el magistrado, esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

Calama sostiene que Rodríguez Zapatero ponía la influencia y su amigo, el empresario Julio Martínez, era el nexo con las empresas, que luego pagaban por ello, y concretamente Plus Ultra. Por ello, habría cobrado a través del entramado societario de este segundo pero siendo el beneficiario último el expresidente del Gobierno.

“En esta estructura, según el juez, Julio Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes”.

La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado, añade Calama, mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El “principal beneficiario final” de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.

Según el rastro del dinero, la mayor parte del beneficio obtenido por la trama por lograr el rescate de la aerolínea acabó en manos de Zapatero. Concretamente, fija en 1,5 millones de euros el dinero que habría cobrado por sus gestiones, además de 423.779 que se habrían transferido a sus hijas a través de su sociedad.

La empresa de Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas. “La mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno de Rodríguez Zapatero”, afirma.

Además, habría utilizado un think tank sin ánimo de lucro, cuyo consejo asesor está presidido por el expresidente, para cobrar comisiones. Concretamente, el Gate Center habría enviado 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup -presidente de la entidad-, habrían remitido 681.318 euros a Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a la empresas de sus hijas. Además, la compañía Inteligencia Prostepctiva abona a Whathefav 561.440 euros.

En el auto en el que acuerda la citación como investigado de Rodríguez Zapatero para el 2 de junio, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio” de empresarios en obtener “decisiones favorables”.

Según el juez, Zapatero ponía la influencia y los empresarios Manuel Aaron Fajardo García -hijo de un exsenador socialista amigo personal del expresidente- y Julio Martínez Martínez eran los intermediarios directos con los clientes, por ejemplo con Plus Ultra para obtener el rescsate. Además, apunta a la presunta participación de la secretaria del expresidente María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano. Todo ello revela, para el juez, “un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”.

En un auto de 85 folios, el magistrado -que asumió la causa en marzo tras la inhibición de un juzgado de Madrid- sostiene que los indicios que existen en la causa demostrarían que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

Aquí es lo que para el juez marca la diferencia entre un ejercicio de lobby y un tráfico de influencias. La gestión de Zapatero iría encaminada de manera directa a beneficiar a Plus Ultra con una ayuda de 53 millones para su rescate en el 2021. Parte de los indicios se han obtenido tras el análisis de los registros y documentación incautada a Julio Martínez durante la operación desarrollada por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción en diciembre del pasado año.

“La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones −incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda−, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente”, recoge la resolución.

La investigación también revela que los investigados cobraron por estas gestiones a través del entramado societario de Martínez mediante contratos de asesoría elaborados 'ad hoc' y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.

A su juicio, la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la “triangulación de pagos” y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.

En el auto, el juez explica que los máximos responsables de Plus Ultra utilizaron “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos” para lograr el rescate. Para ello, utilizaron dos vías. La primera fue a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y la segunda a través de Rodríguez Zapatero. Según el juez, la que finalmente fructificó fue la del expresidente.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores han reconstruido llamadas y mensajes desde febrero del 2021, ”cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo”.

El contacto de Plus Ultra con el entorno de Rodríguez Zapatero, dice el auto, “no fue casual”. Todo lo contrario: “se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura”.

De hecho, Calama apunta que el expresidente socialista dio órdenes a su secretaria para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años. Esta sociedad, a su vez, estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez.

“La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español”, sostiene.

De hecho, por esta operativa el magistrado considera que se puede abrir la puerta a investigar a toda la trama por blanqueo de capitales: “Especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final”.

Calama indica que el rescate de Plus Ultra no fue la única operación realizada sino que también hicieron gestiones en Venezuela para garantizar los vuelos de la compañía allí. Concretamente, Rodríguez Zapatero habría desplegado su influencia ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela.