Julio Martínez implica a Zapatero en el rescate de Plus Ultra y una comisión de 530.000 euros

La declaración de Julio Martínez Martínez ante el juez José Luis Calama anticipa un punto de inflexión en la causa que se sigue contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Siguiendo los pasos del comisionista Víctor de Aldama, que ha logrado esquivar el ingreso en prisión por el caso Koldo, Martínez pretende "colaborar" con la justicia en busca de aliviar su perspectiva penal. Así lo anunció esta semana a través de un escrito aportado por su abogada, María Dolores Márquez de Prado.

El mencionado documento, de seis folios de extensión, recoge un resumen de lo que el socio del expresidente pretende revelar o confirmar este martes en la Audiencia Nacional. Entre otras cuestiones, apunta que el expresidente medió en el rescate de Plus Ultra y que la compañía pagó una comisión de en torno a 530.000 euros, contradiciendo así a Zapatero, que siempre lo ha negado.

Gran parte de los hechos relatados por la letrada Márquez de Prado aparecían ya en los informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha aportado a la instrucción. No obstante, la defensa de Martínez reveló también algunas cuestiones desconocidas hasta el momento, como el hecho de que conoció a Zapatero en el año 2011, cuando aún era presidente, de la mano del ejecutivo Javier de Paz.

La decisión de Martínez Martínez de colaborar con la causa, de materializarse, podría ser determinante para el futuro del exdirigente socialista. Esto es así porque, al menos según la tesis investigadora, Julio Martínez cumplió un papel clave en la presunta trama de tráfico de influencias que lideraba Zapatero.

"Julito", "el tocayo" o el "lacayo" de Zapatero, según aludían a él los directivos de Plus Ultra, mantenía una estrecha amistad con Zapatero. Además, según la instrucción, se encargaba de gestionar las presuntas mordidas millonarias que cobraba el expresidente a través de un complejo entramado de empresas pantalla al que los investigados se referían como la "finance boutique". La UDEF de la Policía Nacional sitúa a Martínez Martínez como el encargado de ejecutar las directrices de Zapatero.

"Julito" era también el nexo del expresidente del Gobierno con los directivos de la aerolínea Plus Ultra, que habrían pagado mordidas a cambio de que el exdirigente ejerciera su influencia en el Ejecutivo de Pedro Sánchez en favor del rescate.

Lo resume la UDEF en las siguientes líneas de uno de sus atestados: "Julio Martínez Martínez actuaría a varios niveles. Como interlocutor habitual de los clientes de la red [de tráfico de influencias]. Como receptor y ejecutor de las órdenes directas de José Luis Rodríguez Zapatero. Como persona al frente de un entorno societario cuyo objeto sería la canalización de los fondos abonados por los clientes al entramado".

Ahora, Martínez Martínez ha comunicado su disposición de colaborar con la justicia, una conducta premiada por la ley siempre que se cumplan determinados requisitos, como que ayude a corroborar los indicios existentes, aporte nuevas líneas de investigación, se autoinculpe y muestre arrepentimiento.

Martínez implica a Zapatero en el rescate de Plus Ultra

En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la defensa de Julio Martínez desmiente a Zapatero y le involucra en uno de los asuntos clave de la causa: el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. Zapatero negó en su declaración ante el juez haber mediado en favor de la compañía aérea, pero Martínez Martínez apunta lo contrario.

En primer lugar, el supuesto testaferro expone que Zapatero estuvo implicado en la creación de la consultora Análisis Relevante, que de acuerdo con la instrucción se utilizó para canalizar mordidas junto a otras compañías propiedad de Martínez Martínez. "El señor Rodríguez Zapatero quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa, pero era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de los clientes", relata el documento.

Uno de los primeros clientes de la consultora fue precisamente Plus Ultra, tal y como recoge la letrada Márquez de Prado, una aerolínea que Martínez Martínez conoció en mayo de 2020, "cuando el señor Rodríguez Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía", concretamente de su presidente y su CEO, los imputados Julio Martínez Solá y Roberto Roselli.

En un primer momento, de acuerdo con el mencionado escrito, Plus Ultra se acercó a Análisis Relevante en busca de ayuda para obtener financiación. Pero, según añade la defensa del supuesto testaferro, "Julio Martínez Martínez no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada". "Su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor", resume su abogada.

De modo que, según expresa la letrada, Zapatero era "quien marcaba los pasos a seguir" y sugirió, entre otras cuestiones, remitir una carta al vicepresidente del banco Santander para la concesión de un crédito ICO. También se intentó buscar financiación en La Caixa, pero "ninguna de esas vías dio resultado".

Hasta que el 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Plus Ultra pasó a enfocar todos sus esfuerzos en la concesión de la ayuda de este organismo.

En cuanto a los pagos de la aerolínea, Martínez expone que a finales de julio se firmó un contrato en el que se acordaron "unos honorarios" de 5.000 euros mensuales que, "con independencia del contrato", se abonaban a cambio del "asesoramiento" de Zapatero. "Adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y el éxito de la operación, el 19 de enero de 2021 se firmó" otro contrato entre Plus Ultra y una compañía de Martínez Martínez llamada Idella Consulenza Strategica SL.

La defensa de Martínez Martínez confirma aquí lo avanzado por la UCO y señala que Plus Ultra se comprometió a "abonar el 1% de la financiación obtenida a Idella". El documento remitido al juez José Luis Calama indica que Zapatero fue informado "puntualmente" de "todos los pasos" y que el expresidente comunicó a Julio Martínez la aprobación del rescate el 26 de febrero de 2021.

El escrito expone que los pagos a Idella se realizaron en diferido "hasta el año 2026", dada "la presión mediática" que había en torno al rescate. "En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado". Es decir, que si el rescate fue de 53 millones de euros, las mordidas habrían sumado al rededor de 530.000 euros.