La Audiencia Nacional declara responsables a tres administraciones por la muerte de Irene en las cuevas de As Catedrais

Irene murió en la Semana Santa de 2018 con solo 24 años mientras visitaba las cuevas de la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo). A la joven de Valladolid le cayó encima una piedra de este monumento natural convertido en atracción turística. Aquel 31 de marzo se había adentrado junto a su novio en las cavidades abiertas a las visitas, rodeada de una muchedumbre de curiosos y personal de vigilancia y después de que esa misma mañana se produjeran otros dos desprendimientos que fueron ignorados. Nada de esto facilitó la depuración de responsabilidades tras la desgracia. La investigación penal fue archivada y su familia tuvo que afrontar una lucha judicial por la vía civil que ha durado ocho duros años. La Audiencia Nacional acaba de darles la razón. “Lo que ocurrió no fue un accidente inevitable”, subrayan los padres de Irene Baladrón Zorita. El Gobierno central, la Xunta y el Ayuntamiento de Ribadeo se han estado pasando la pelota durante estos años, lavándose las manos y endosando la culpa a la víctima porque “estaba informada del peligro”. La sentencia emitida en febrero, que aún puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, reparte solidariamente la responsabilidad entre estas tres administraciones y establece una indemnización de 73.000 euros para la familia. Concluye que todas tenían competencias relacionadas con la seguridad en esta playa de la costa de Lugo, un prodigio geológico que recorren 250.000 turistas cada año y que cuenta con un sistema de visitas limitadas organizado por la Xunta. La familia denunció que la señalización del peligro de desprendimientos era “insuficiente” y que las tres administraciones “permitieron la afluencia de numerosos visitantes al lugar, a pesar de que en días previos había pasado una borrasca y las lluvias aumentaban el riesgo de desprendimientos”. Ayuntamiento y Xunta esgrimieron que la muerte de Irene se produjo en zona marítimo-terrestre, titularidad del Estado. El Gobierno central se defendeu alegando que las competencias de vigilancia y prevención de accidentes en estas áreas son de la Administración local y que los controles de la entrada al monumento natural eran cosa del Ejecutivo autonómico. Los padres inciden en que estas administraciones “no ignoraban el riesgo”. Por ejemplo, tal y como recoge la sentencia, el Gobierno central realizó obras en el acantilado en 2006 y 2010 sin adoptar las medidas de prevención recomendadas en un informe de la Universidad de Santiago que “advertía expresamente de los peligros existentes”. Era un “enclave de acceso controlado, con entrada, con aforo de hasta 5.000 personas diarias, personal remunerado, y activamente promocionado por las mismas instituciones que durante años alegaron no tener responsabilidad alguna”, prosigue la familia. Las administraciones demandadas tenían “informes técnicos que documentaban el peligro” y “los trabajadores tenían expresamente prohibido entrar en las cuevas por riesgos laborales”. Por si fuera poco, añaden, el temporal de los días previos “había aumentado el riesgo de forma extraordinaria, algo que los visitantes no podían saber”. La propia sentencia recalca que “no había ningún plan de actuación consensuado por las administraciones públicas” para proteger a la gente cuando la meteorología ablanda estas delicadas formaciones pétreas labradas por el viento y las mareas durante miles de años. La naturaleza también lanzó aquel día alertas que fueron desoídas. Antes de entrar Irene en la playa, se produjeron dos desprendimientos en las cuevas que no alcanzaron a ningún turista y tampoco impidieron que las visitas siguieran adelante con normalidad. “Tenían que haber cerrado la playa o implantado medidas de preservación de seguridad de los turistas, como cerrar cuevas o poner itinerarios seguros”, explica Santiago Díez, abogado de la familia de la víctima, quien explica que la seguridad en este monumento natural se reforzó tras morir la joven, una chica nacida en León pero vecina de Laguna de Duero, en Valladolid, que estaba a punto de graduarse en Derecho. “El día siguiente al fallecimiento de Irene la playa fue cerrada de inmediato. Esa decisión, que llegó tarde para ella y para nosotros, demuestra que siempre fue posible tomarla”, señalan sus padres. Desde entonces, “la misma playa se cierra, con normalidad, cuando las condiciones lo requieren”. El camino que han tenido que andar los padres de Irene para reparar la memoria de su hija ha sido largo y dificultoso. Tras la tragedia que la Xunta insistió en definir como una fatalidad “inevitable”, se abrió una causa penal que, pese a los recursos de la familia, se acabó cerrando por lo difuminadas que se mostraban las responsabilidades sobre la seguridad en la playa. Presentaron reclamaciones administrativas, pero fueron rechazadas. Entonces interpusieron una demanda ante la Audiencia Nacional y los abogados de las tres administraciones, junto con los de sus aseguradoras, desplegaron una estrategia común de señalarse entre ellas. “Ha supuesto para los padres un estrés emocional tremendo”, lamenta Díez. El abogado cree que el caso de As Catedrais tiene relación con el desplome de la pasarela de la playa de El Bocal, en Cantabria, que mató a seis jóvenes. En ese caso, la causa penal avanza de momento, con la imputación de tres funcionarios de la Demarcación de Costas del Estado, una operadora del 112 y una policía. “Es un caso muy parecido y, si se cierra la vía penal, puede acabar en la Audiencia Nacional con una demanda semejante”, afirma Díez. Hay una mención en el fallo judicial que ha “decepcionado” a la familia de la joven. “Es profundamente injusto” que los jueces insinúen que la turista que perdió la vida “debía conocer que no era un lugar totalmente seguro” porque en las entradas “había una advertencia específica del riesgo”, critica el letrado. “¿Qué culpa puede tener una persona que entra en un lugar abierto y con acceso controlado?“, se pregunta Díez. Con todo, los padres de Irene han decidido no recurrir esa parte ante el Supremo. Se sienten “agotados” y “sin fuerzas” para otra lucha de años.