La derecha italiana critica condena a joyero por homicidio y aviva debate sobre legítima defensa

Hay muchos nervios en la derecha italiana del Gobierno de Giorgia Meloni a un año de las elecciones, si no se adelantan a primavera, ante el ascenso del nuevo líder ultra, el antiguo general Roberto Vannacci, que acusa al Ejecutivo de ser muy blando y que en los sondeos ya obtiene un 7% de los votos, por encima de la Liga de Matteo Salvini. Por eso la competición surge ante cualquier hecho de actualidad que se preste a demostrar quién es más extremista. El último ha sido la condena definitiva a 14 años y nueve meses de prisión a un joyero de Grinzane Cavour, en la región de Piamonte, por matar a tiros en 2021 a dos asaltantes y herir a un tercero, a los que siguió con una pistola en la calle cuando huían y disparó por la espalda. Las imágenes grabadas en vídeo son claras.

El nombre del joyero es Mario Roggero, de 72 años, y se ha convertido en un mártir de la derecha, que ya reclama para él un indulto. Ya lo era, pues es un caso conocido, pero la novedad es que ahora ya es oficial. El ataque a los jueces ha partido del propio Gobierno, con Meloni a la cabeza, y desde hace días en Italia no se habla de otra cosa. El Tribunal de Casación, equivalente al Supremo, ha confirmado que no hubo legítima defensa, porque la amenaza y el peligro ya habían pasado con la fuga de los atracadores, y pocos juristas cuestionan la resolución. Pero tras la sentencia, el pasado miércoles, el Ejecutivo ha salido en tromba a criticar la decisión judicial, como ha hecho ya en varias ocasiones en esta legislatura. Y a la ofensiva se sumó Elon Musk, que a veces interviene en asuntos italianos: “¡Es una locura! Son el juez y el fiscal de este caso los que se merecen esta condena“.

La Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que reúne al 90% de los jueces y fiscales italianos, ha denunciado amenazas e insultos a miembros de la judicatura “solo por haber aplicado las leyes”. “Haría falta mayor responsabilidad de parte de quien ocupa cargos institucionales”, ha señalado este martes en un comunicado. “La crítica es legítima, pero alimentar una narración que señale a los magistrados como el objetivo a abatir significa contribuir a un clima que puede degenerar en odio e intimidación”, advierte la organización.

La derecha está explotando uno de sus temas, la seguridad, y otro suceso ocurrido este domingo ha echado aún más leña al fuego: la muerte en Bolonia de Abderrahim Fakir, un ciudadano de 42 años de origen marroquí, inmovilizado en el asfalto por dos agentes tras dar señales de desequilibrio mental e intentar agredirles. Pedía ayuda, aunque cuatro miembros de personal sanitario de una ambulancia estaban presentes y solo actuaron más tarde. Según ha explicado Cruz Roja, es el protocolo establecido, solo intervienen cuando las fuerzas del orden les autorizan. Hay otro vídeo escalofriante grabado por un vecino y en este caso está en discusión el papel de la policía. Con un matiz que tiene paralelismos con el caso del joyero: un reciente decreto de febrero, que ya fue polémico en ese momento, confiere a los dos agentes, y también a los cuatro voluntarios de la ambulancia, un “escudo penal”. No son investigados automáticamente, porque se entiende a priori que actuaron en cumplimiento de su deber, por necesidad o legítima defensa. Solo lo serán si surgen posteriores indicios.

Manifestación de protesta en Bolonia

Este lunes en Bolonia se celebró una manifestación de protesta —con enfrentamientos posteriores que causaron 11 heridos—, porque en Italia ya habido en el pasado casos similares y muy polémicos de excesos policiales en arrestos que acabaron trágicamente, como los de Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi o Riccardo Magherini. El ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha asegurado que el último suceso “no será un nuevo caso Cucchi” y si los agentes son culpables “lo pagarán”.

Lo cierto es que en el caso del joyero, los tribunales no han hecho más que aplicar una ley ya reformada en 2019, para dar más garantías a quien se defiende, por el propio Salvini cuando era ministro de Interior. Con todo, ahora la Liga ha presentado una propuesta de ley para que la legítima defensa abarque cualquier reacción violenta en el contexto de una amenaza.

La primera ministra ha considerado la pena impuesta a Roggero “desproporcionada” y ha pedido “mayor consideración” del contexto del caso —juzgado por tres tribunales— para comprender el “estrés de exasperación y dolor” del reo. El joyero en ese momento estaba en la tienda con su mujer y su hija, fueron amenazados a punta de pistola y ya habían sufrido un robo en 2015. Aunque también debe señalarse que en 2005 amenazó al novio de su hija y a sus padres con una pistola tras presentarse en su casa después de una discusión de los dos jóvenes (pactó una pena de dos meses de prisión).

En opinión de la líder ultraderechista, es “un error creer que se pueda distinguir de modo neto” el momento en que cesa el impacto de una amenaza: “Si se sufre una agresión, nuestro cerebro entra en modo de combate”. La primera ministra reprocha que el comerciante haya sido condenado por “no haber tenido sangre fría en un contexto de alto peligro y estrés, con picos emotivos que raramente se consiguen controlar incluso entre profesionales de seguridad”.

Para la oposición, el Ejecutivo quiere imponer “la ley del Far West”. “Estamos ante una competición que no tiene nada que ver con la tutela de los ciudadanos, sino con la búsqueda de consenso en la derecha”, ha dicho Chiara Braga, del Partido Democrático (PD). “Después de haber fracasado en la seguridad, con la criminalidad en aumento, han encontrado la receta para descargar la responsabilidad sobre los ciudadanos: comprad un arma y haced justicia por vuestra cuenta”, ha dicho Giuseppe Conte, líder del Movimiento Cinco Estrellas (M5S).

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, pidió incluso al día siguiente de la sentencia firme la concesión de la gracia, una potestad del presidente de la República, y luego Meloni explicó que fue orden suya. El jefe de Estado, Sergio Mattarella, por toda respuesta le recordó eso mismo en un lacónico comunicado: que es competencia suya y la propuesta debería seguir el trámite habitual. Requiere el arrepentimiento del solicitante, algo que Roggero solo manifestó el sábado cuando entró en prisión, y es un procedimiento que dura años y se da con cuentagotas.