La plataforma social de Meta, Threads, informó ayer que había sido suspendida sin previo aviso. Muchos taiwaneses, incluida la celebridad de Internet Bajiong, el ex legislador Chen Baiwei, el concejal de la ciudad de Taoyuan, Huang Qionghui, etc., se han visto afectados uno tras otro.
Shen Rongqin, profesor asociado de la Universidad de York en Canadá, dijo que en el cumpleaños de Xi Jinping, todas las cuentas de la facción Tiantai fueron bloqueadas, lo cual es menos probable que el Zhongda Lotto. También lamentó que si la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" todavía estuviera vigente, las plataformas no podrían bloquear cuentas colectivamente sin previo aviso ni motivo. Deben indicar claramente qué términos de servicio violaron los usuarios. Pero ahora que la ley ya no está vigente, los internautas han perdido esta capa de protección y sólo pueden ser explotados por otros.
Shen Rongqin señaló en una publicación de Facebook que en el cumpleaños de Xi Jinping, la posibilidad de que las cuentas bloqueadas fueran de facciones taiwanesas era incluso menor que la de la Lotería de la Universidad de Finanzas y Economía de China. Si la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" todavía existe, las plataformas no pueden bloquear cuentas colectivamente sin previo aviso o motivo. Deben indicar claramente qué términos de servicio ha violado el usuario o qué ley está involucrada, de lo contrario será ilegal.
Shen Rongqin dijo que si la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" sigue vigente, la plataforma no sólo debe ser abierta y transparente sobre las reglas de la comunidad, sino que también debe establecer internamente un sistema de quejas en línea gratuito y fácil de operar para permitir que las personas bloqueadas presenten objeciones. Si la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" todavía está vigente, si el usuario no acepta el resultado de la queja interna de la plataforma, tiene derecho a optar por presentarla a una "agencia de resolución extrajudicial de disputas" independiente para su revisión.
Shen Rongqin enfatizó que, sin embargo, la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" ya no existe y que los internautas taiwaneses han perdido esta capa de protección y solo pueden ser manipulados por otros.
Shen Rongqin explicó que la controversia radica en el borrador original de la "Ley de Intermediación" de Taiwán que estipula que antes de que el tribunal emita un fallo formal, si las autoridades civiles, penales o administrativas creen que la información en línea es ilegal o difunde información falsa, pueden exigir directamente al operador de la plataforma que agregue temporalmente una etiqueta de advertencia a la publicación (hasta 30 días).
Sin embargo, en el DSA de la UE del que Taiwán ha aprendido, las agencias administrativas no tienen el poder de intervenir directamente en contenidos específicos o exigir advertencias. Cualquier determinación sobre si el contenido es ilegal o no debe dejarse en manos de los tribunales de conformidad con los procedimientos legales para evitar que fuerzas políticas o administrativas penetren directamente en el discurso en línea.
Shen Rongqin dijo sin rodeos que fue precisamente por esta diferencia que la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales" de Taiwán fue criticada por ser utilizada potencialmente para suprimir la libertad de expresión. Al final, todo el proyecto de ley fue retirado y no ha habido más avances desde entonces. No sólo la piratería de cuentas, sino también la prevención del fraude en Internet y la información falsa, etc., han perdido los métodos de control de leyes especiales.
Shen Rongqin analizó que si el gobierno ahora quiere modificar y proponer la "Ley de Servicios Intermediarios Digitales", enfrentará dos dificultades: una es el bloqueo de la mayoría azul y blanca en el Congreso, y la otra es la amenaza de Trump de tomar represalias contra los gigantes tecnológicos estadounidenses. La Unión Europea sienta un precedente, especialmente para proteger a sus pequeñas y medianas empresas y a las nuevas empresas. La práctica de conceder altas exenciones. Por lo tanto, ni la NCC, que propuso originalmente el proyecto de ley, ni el actual Ministerio de Desarrollo Digital están muy interesados en este caso.
