Nueva investigación policial salpica al presidente de Melilla, Juan José Imbroda

Las indagaciones relacionadas con una presunta trama delictiva de compra de voto por correo en 2023 que se instruye en un juzgado de Melilla han hecho aflorar una nueva línea de investigación que afecta al popular Juan José Imbroda, presidente del Ejecutivo de la ciudad autónoma, y no está relacionada con la primera causa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional ha encontrado documentación y ha recabado un testimonio con “datos fidedignos” y “elementos inequívocos” que relata una “presunta mecánica delictiva” relacionada con el levantamiento de un parque comercial durante el quinto mandato del barón del PP. Según dichas pruebas, la UDEF ve indicios de delitos de prevaricación y malversación en el Gobierno de Imbroda (de entre 2015 y 2019) en la adjudicación de terrenos para la construcción del primer centro comercial de Melilla. Así se extrae de un informe de la Policía Nacional fechado el 4 marzo y al que ha tenido acceso ahora EL PAÍS, donde los agentes identifican al propio Imbroda en los hechos analizados.

El Gobierno actual de Imbroda ha tenido conocimiento de dicha información de manera “completamente extraoficial”. Y en su equipo aseguran que su “contenido es absolutamente falso sin rigor ni contrastación previa con los órganos administrativos” pertinentes. Así, “a la vista del falso contenido, se va a interponer denuncia contra el autor o autores de dicho informe”, añaden fuentes de su gabinete, sin especificar a quiénes se refieren.

Los investigadores de la UDEF encontraron en un registro domiciliario un documento donde, “de forma manuscrita, consta un esquema que su autor denomina Operación Valenzuela”. Y en cuyas notas aparece entre otros datos el apellido “Imbroda”. Dicha Operación Valenzuela hace referencia a unos terrenos ubicados en Melilla que eran del Ministerio de Defensa y estaban situados en la carretera Cuartel de Valenzuela. Esos terrenos fueron liberados y adquiridos por el Gobierno melillense del PP, que en 2014 modificó el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) atendiendo a la construcción del futuro parque comercial. El centro Parque Murias, el primero de gran envergadura en la ciudad autónoma, se inauguró finalmente en noviembre de 2017.

La UDEF relaciona ese esquema manuscrito intervenido con el testimonio aportado por “una fuente confidencial” que “estaría vinculada” con el documento requisado. El cruce de ambas pruebas es “de especial relevancia” para los agentes, aunque el informe reconoce que las indagaciones están “muy limitadas” y que no cuentan con los expedientes vinculados a la operación inmobiliaria, solo con datos de fuentes abiertas. “La información facilitada por la fuente confidencial arroja, como resultado, que la presunta mecánica delictiva se desencadena tras la cesión de los terrenos referidos que el Ministerio de Defensa hizo a la Ciudad Autónoma de Melilla, para posteriormente ofrecerlos en subasta pública, no sin antes haber modificado el Plan General de Ordenación Urbana de Melilla (PGOU), con el supuesto objetivo de beneficiar a las empresas DRAGO, TRES FORCAS y MURIAS, que fueron las que participaron en la licitación del proyecto, con el propósito de que fueran las únicas adjudicatarias”.

Según el relato de la fuente, “el objeto final de la mecánica presuntamente delictiva era obtener un gran beneficio económico de la construcción del centro comercial, eludiendo el pago de impuestos locales, concretamente, el impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), cuantificando el valor de lo defraudado entorno a los siete u ocho millones de euros”, indican los agentes en su informe. También “aporta que las cantidades defraudadas pudieran haber tenido como destino final unas cuentas bancarias ubicadas en Gibraltar (paraíso fiscal), cuyos titulares serían supuestamente las personas implicadas en el proyecto, junto con cargos políticos, que favorecieron la omisión de la obligación del pago de los correspondientes tributos”. La palabra “Gibraltar” se encuentra a su vez plasmada en el manuscrito requisado, junto a “Imbroda”.

Tras sus indagaciones y una vez hechas las comprobaciones del manuscrito y del testimonio de la fuente confidencial, los agentes de la UDEF “obtienen la completa identificación tanto de las personas físicas como de las jurídicas que surgen de ambos hechos”. Entre las personas físicas se nombra en concreto a varios miembros del “Gobierno 2015-2019”. Y se cita en concreto al propio presidente de la Ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; a la entonces directora general de Gestión Tributaria, María Ángeles Quevedo; al director General de Vivienda y Urbanismo, José Luis Matías Estévez; al consejero de Fomento, Francisco Javier González García, y a la diputada en la Asamblea de Melilla Simi Chocron (PP). Y a la consejera de Hacienda, Empleo y Comercio durante el Ejecutivo de 2019-2023, Dunia Al Mansouri (del partido Coalición por Melilla, imputada además en la presunta trama del voto por correo durante las elecciones autonómicas de 2023, cuya instrucción sigue su curso).

Con todos los indicios y pruebas sobre la mesa, los investigadores de la UDEF concluyen que “se remite a su autoridad, al objeto de su oportuna valoración, considerando los investigadores la existencia de elementos de relevancia en el documento que ahora se informa y en la información aportada por la fuente confidencial, que en su conjunto, permitirían aportar ciertos indicios que podrían revelar la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, que la autoridad judicial podría calificar como prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas”.

La UDEF menciona además como implicadas a tres personas jurídicas, las empresas que habrían concursado en los posibles delitos durante la construcción del centro comercial. Estas son DRAGO CAPITAL, TRES FORCAS CAPITAL, MURIAS PARQUE MELILLA SL y NUEVA MELILLA Y ASOCIADOS.