Nuevas declaraciones complican el futuro judicial de Zapatero en el caso Plus Ultra

La declaración de Julio Martínez Martínez y los escritos que tanto él como dos altos cargos de Plus Ultra han remitido esta semana a la Audiencia Nacional han complicado seriamente el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero. Los tres investigados corroboran ahora los informes de la UDEF y señalan que el expresidente habría influido en favor del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea y que la mercantil pagó en torno a 530.000 euros a cambio de estas gestiones. Pero ninguno de ellos ha contribuido por el momento a resolver la cuestión esencial para la causa que la UDEF tampoco ha logrado contestar: ¿Sobre quién ejerció su influencia el expresidente del Gobierno?

La tesis investigadora es que Zapatero utilizó sus influencias para impulsar la concesión de la ayuda pública que concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, y que aprobó finalmente el Consejo de Ministros. Pese a los múltiples indicios que apuntan en esta dirección, se desconoce qué puerta pudo tocar el expresidente, un dato que sería determinante para el impacto de la causa en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explican que no se esperaba que Julio Martínez Martínez fuera a aclarar este extremo, si bien tienen claro que "la capacidad de influencia de Zapatero es a altos niveles de decisión". Por su parte, fuentes de las acusaciones populares se confiesan "insatisfechas" con la declaración que realizó Martínez a lo largo de cuatro horas, especialmente después del avance que remitió por escrito su abogada, Dolores Márquez de Prado, el lunes por la mañana.

En lo esencial, lo manifestado por quien fuera el presunto testaferro de Zapatero sirvió para confirmar lo que ya venía escrito en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Entre los asuntos más relevantes que ha admitido está el acuerdo que firmó con Plus Ultra para que, en caso de que la aerolínea se beneficiara del rescate, pagara un 1% del mismo a una empresa de Martínez llamada Idella Consulenza Strategica SL.

Según expuso el supuesto testaferro, la presión mediática sobre la financiación pública llevó a Zapatero a ordenar que el pago se realizara en diferido hasta el año 2026. De acuerdo con la versión de Martínez Martínez, "en total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado". Es decir, que si el rescate fue de 53 millones de euros, las mordidas habrían sumado al rededor de 530.000 euros.

Al tiempo que el antiguo compañero de running del expresidente se decidía finalmente a colaborar con la investigación, dos directivos de Plus Ultra investigados daban el mismo paso adelante. De modo que el lunes llegaron a la mesa del magistrado José Luis Calama otros dos escritos que inculpan a Zapatero: uno del presidente de la compañía, Julio Martínez Solá, y otro del CEO, Roberto Roselli. El documento que envió el abogado de Solá coincide con el de su tocayo Julio Martínez al señalar que se acordó pagar el 1% del rescate. Pero es aún más concreto y extenso, y expone que los pagos se realizaron a través de tres sociedades de Martínez Martínez: "Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL".

Los relatos de hechos presentados por la UDEF, Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra coinciden por tanto en que la compañía confió en la influencia de Zapatero para impulsar el rescate, el rescate se concedió y la mercantil pagó algo más de medio millón de euros por las gestiones del expresidente. Pero hasta Julio Martínez Martínez, que fue socio e íntimo amigo de Zapatero, afirmó este martes que desconoce qué gestiones concretas llevó a cabo para lograr que la ayuda se concediese.

Eso sí, detalló ante el juez que fue el propio Zapatero quien le anunció que la ayuda se concedería antes de que esto sucediera, lo que indicaría a que el exdirigente socialista manejaba información privilegiada sobre la operación de la SEPI que finalmente recibió el aval del Consejo de Ministros.

La declaración de Martínez, en cualquier caso, sirvió para desmentir la que ofreció Zapatero durante su comparecencia ante el juez Calama, y para avalar la tesis investigadora.

Uno de los aspectos relevantes para la instrucción es cómo se constituyó y cómo operó la empresa Análisis Relevante, que de acuerdo con la instrucción funcionó como un vehículo de canalización de mordidas. Zapatero intentó desvincularse de la creación de esta mercantil tanto en su paso por el Senado como en su declaración en la Audiencia Nacional.

Difiere en este punto de lo declarado por Martínez Martínez. Según este, fue el directivo de Telefónica Javier de Paz quien propuso constituir esta consultora junto a Zapatero y el ex alto cargo del CNI Sergio Sánchez. Desde un inicio, el "atractivo" de Análisis Relevante fue "contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia". Y, tal y como recoge el escrito presentado por la abogada de Martínez Martínez, Zapatero mostró "su conformidad con la propuesta".