PSC y ERC proponen limitar la ley de vivienda en Catalunya a grandes tenedores y empresas

La ley para restringir la compra de vivienda en Catalunya sigue su tramitación en el Parlament con una novedad relevante: el PSC y ERC proponen acotar su aplicación solo a los grandes tenedores (cinco viviendas o más) y a las empresas (personas jurídicas). Así lo recogen las enmiendas que socialistas y republicanos han introducido por su cuenta y a las que ha tenido acceso La Vanguardia.

El texto rebaja unos grados la iniciativa impulsada por los Comuns y que el Govern de Salvador Illa aceptó como contrapartida para aprobar los presupuestos de la Generalitat. Ahora son los propios socialistas los que intentan pulir algunas de las medidas. En el texto del partido de la exalcaldesa Ada Colau la limitación es más amplia, ya que afectaría a todo tipo de propietarios, tanto grandes y pequeños como empresas y particulares, aunque está pensado principalmente para el primer grupo.

En esencia, la ley deja que los municipios restrinjan la adquisición de vivienda en su territorio siempre que se encuentre en una zona de mercado tensionado. De esta manera, los inmuebles solo se podrían comprar para usar como residencia habitual o para destinarlos a alquiler habitual. Se excluirían otros usos, como el alquiler de temporada, el turístico o la instalación de negocios (despachos, consultoras...).

Las enmiendas que ha presentado ERC, cuyos votos son indispensables para que la iniciativa salga adelante, van en la misma dirección que las de los socialistas y también sacan de las restricciones a los pequeños propietarios siempre que se trate de particulares.

Si bien el PSC presentó estas enmiendas por su cuenta, también registró otras pactadas con los ecosocialistas. El debate final de la ley tenía que producirse este jueves en el Parlament pero, acabado el plazo de enmiendas, los grupos ya pueden solicitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries para que determine si se ajusta al Estatut y a la Constitución. Previsiblemente Junts lo solicitará hoy o mañana, lo que hará que la ley no se apruebe hasta después del verano.

La proposición de ley que se discute tampoco permitiría comprar para volver a vender al cabo de poco tiempo, una práctica que en el negocio inmobiliario se conoce como house flipping. Esta estrategia consiste en adquirir una propiedad a precio bajo –normalmente, deteriorada–, reformarla para aumentar su valor y revenderla rápidamente para obtener una ganancia. Otra de las figuras que regula es el de las segundas residencias. El texto fija un límite: solo se puede poseer una por persona si se compra en una zona tensionada. Y nunca se podría dedicar a alquiler vacacional, como hacen algunos propietarios.

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España y que se inspira en la ley aprobada por Países Bajos en el 2022. Los ayuntamientos del país pueden prohibir la compra de inmuebles para ponerlos en alquiler, pero solo en el caso de viviendas de precio medio y bajo. Cada consistorio fija unos barrios y un valor de tasación a partir del cual rige la medida. Amsterdam, Rotterdam o La Haya son algunas de las ciudades que han regulado la compra de vivienda ante los problemas de oferta que sufren.