La ley de nietos suscita división política y social en España. Mientras una encuesta muestra apoyo a la nacionalidad para descendientes de exiliados, la mayoría rechaza que puedan votar sin residir en el país por temor a alterar los resultados electorales.
Más de la mitad de los españoles desaprueba que los nacionalizados por la 'ley de nietos' tengan derecho a voto en elecciones generales y autonómicas, según un barómetro DYM. La oposición critica la ley como "ingeniería electoral", mientras el Gobierno la defiende como "reparación".
El empresariado catalán, aunque curioso por las propuestas de Aliança Catalana de Silvia Orriols, mantiene distancia con el partido ultraderechista. A pesar de su ascenso en encuestas, muchos no comparten su ideario xenófobo y buscan un nuevo referente político ante el desencanto con Junts y ERC, valorando la influencia de Junts en el Congreso.
El líder de Vox, Santiago Abascal, afirma que la 'ley de nietos' busca "alterar" el censo electoral, acusando al Gobierno de "regalar" nacionalidades para "fraude" electoral, especialmente en "provincias pequeñas".
La 'ley de nietos' del Gobierno español ha recibido 2,5 millones de solicitudes de nacionalidad, con casi un millón de argentinos. La oposición (PP y Vox) denuncia que busca alterar el censo electoral, mientras el PSOE defiende que es una medida de "reparación y justicia".
El PSOE reconoce que la 'ley de nietos' impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez alterará el censo electoral, con hasta 2,5 millones de potenciales nuevos votantes, principalmente de Argentina. PP y Vox denuncian un intento de "ingeniería electoral" para conseguir votos, mientras el Gobierno defiende la ley como "reparación y justicia".
El partido Iustitia Europa denuncia la Ley de Nietos ante la Junta Electoral Central por "manipulación" del censo. El PP y Vox acusan al Gobierno de "ingeniería electoral" al ampliar el número de ciudadanos con derecho a voto. La ley permite recuperar la nacionalidad a descendientes de exiliados.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido criticado por sembrar desconfianza sobre el censo electoral español, cuestionando la nacionalización de descendientes de exiliados bajo la Ley de Memoria Democrática y comparando su retórica con el trumpismo, lo que erosiona la credibilidad democrática.
