Comisión parlamentaria sobre la Dgaia: el presunto fraude de los extutelados, sin resolver

"Si quieres que un problema no se resuelva, crea una comisión". Así reza a grandes rasgos el dicho popular, y en el caso de la antigua Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (conocida como Dgaia, hoy rebautizada como Dgppia) parece ser cierto. En especial, si nos acogemos a las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha analizado las polémicas en las que ha estado (y está) envuelta esta dirección.

El miércoles, el pleno del Parlament aprobó casi todas las propuestas de mejora –emitidas por la comisión– del sistema de protección de la infancia con los únicos votos a favor de la mayoría de la investidura (PSC, ERC y Comuns) y los reproches del resto de grupos del hemiciclo. No obstante, una de las cuestiones principales –el presunto fraude de las entidades encargadas de conceder y hacer el seguimiento de prestaciones que la Generalitat otorga a jóvenes extutelados y que saltó a la palestra en mayo del año pasado– quedó, como suele suceder, sin resolver.

El texto final ni tan siquiera incorpora el punto siete que sí fue validado en la comisión de investigación sobre la crisis de la Dgaia y que abogaba, entre otras cuestiones, por “eliminar el margen de lucro opaco de las entidades de la gestión externalizada”.

En su defecto, habla de que el sistema de protección a la infancia se encuentra “desbordado” porque ha tenido que funcionar “desde la lógica de la emergencia” o que la “presión sostenida” sobre el sistema se ha convertido en “estructural”.

Se echa en falta algún posicionamiento claro sobre el presunto fraude de la UTE Mercè Fontanilles-Fundació Resilis, entidad privada que se encargaba del servicio de seguimiento y valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados, y que fue denunciado por uno de sus trabajadores, hoy todavía testigo protegido de la Oficina Antifrau de Catalunya.

Hay que recordar que el testigo aportó pruebas de jóvenes extutelados que ya no vivían en los pisos gestionados por la Dgaia pero seguían dados de alta, sin que la situación se regularizara y con la entidad gestora recibiendo subvenciones por alojarlos.

Al respecto, la Sindicatura de Comptes elaboró un demoledor informe sobre la actuación del Departament de Drets Socials de la Generalitat entre los años 2016 y 2024. En él se detallaba que pagó indebidamente 4,7 millones de euros a jóvenes extutelados entre septiembre del 2019 y diciembre del 2022. Aunque los beneficiarios no tenían derecho a las prestaciones, las entidades concertadas que debían controlar los pagos no lo hicieron.

Más allá de estos pagos indebidos, el documento recogía otros. En especial, en prestaciones a la dependencia y en pensiones no contributivas. En total, sumando todas las partidas, 167 millones de euros pagados indebidamente.

La consellera de entonces, Mònica Martínez Bravo (hoy reemplazada por quien era su segundo, Raúl Moreno), compareció ante la comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament para dar cuenta del demoledor informe, y alegó que esos desembolsos incorrectos eran debidos, entre otros, al sistema informático con el que contaba antes el departament.

La consellera aprovechó para anunciar que Drets Socials ya había recuperado 70 millones (53%) del total de 167 y que esperaba recuperar entre un 80% y un 90%.

Una posterior auditoria encargada por el departament sobre el servicio de seguimiento de la prestación para jóvenes extutelados durante los años 2023 y 2024 en el ámbito territorial de Girona, y en la que se analizaron solo 60 expedientes, concluía que el importe de los pagos satisfechos indebidamente en los expedientes analizados ascendió a casi 170.000 euros (118.367 en el 2023 y 49.566 en el 2024).

La comisión sobre las actuaciones de la Dgaia no ha dado respuesta a si se produjo el presunto fraude y quién se benefició. Habrá que ver si la investigación que lleva a cabo la Oficina Antrifrau de Catalunya aporta más luz.