Dimite una alta directiva de Defensa imputada en el caso PSOE

No todos los altos cargos públicos imputados por la trama del PSOE se aferran al puesto. La directora de Desarrollo Corporativo de la empresa pública de defensa Isdefe, Teresa Castillo, ha decidido dimitir y poner su cargo a disposición para no perjudicar a su institución durante el proceso judicial.

Así lo confirman a EL MUNDO fuentes oficiales de Isdefe que aseguran que Castillo «ha puesto su cargo a disposición por iniciativa propia. Lo hace por respeto a la empresa y para proteger a Isdefe del caso judicial que afecta a su etapa previa en Mercasa y en el que defiende su inocencia».

Esta actitud de intentar no perjudicar a Isdefe, una empresa 100% estatal, deja en evidencia a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Belén Gualda, y otros directivos del sector público también imputados que se mantienen en sus puestos con protección del Gobierno.

El propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, expresó públicamente ayer su respaldo a Gualda, tras adquirir condición de investigada junto a otras 24 personas por media docena de delitos relacionados con «la organización criminal» de Santos Cerdán.

Gualda, como la práctica totalidad de directivos empleados públicos imputados, fue nombrada por la entonces ministra de Hacienda y actual número dos del PSOE, María Jesús Montero. Su sucesor en el Ministerio, Arcadi España, también respalda la continuidad de Gualda y calificó ayer de «ruido y furia» que se ponga en entredicho su gestión sin mencionar que su imputación se produce a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción por favorecer a la trama socialista con el rescate de 112,8 millones de euros de Tubos Reunidos.

En el caso de la directiva de Isdefe, la imputación se debe a su época anterior de directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales de Mercasa entre 2020 y 2025. Según el auto judicial, Castillo tuvo un papel para que Servinabar, la empresa de Antxon Alonso y Cerdán, fuera contratada en Mercasa.

Según el auto, en las notas de la fontanera Leire Díez consta una reunión el 22 de junio de 2021 con Castillo sobre un cambio de sede de Mercasa que la trama consideraba una oportunidad de negocio para Servinabar.

Para la Fiscalía Anticorrupción, de lo investigado hasta ahora «se desprende indiciariamente, que los tres denunciados, en connivencia, en principio, con María Teresa Castillo Pasalodos, habrían planificado la adjudicación de diversos contratos menores a favor de la mercantil Servinabar 2000, S.L».

La idea era que la empresa navarra «elaborase una valoración o tasación de los costes de conservación y reforma de la sede de Mercasa significativamente superior a la real, con la finalidad de justificar un eventual traslado de domicilio social» del que se beneficiaría la trama con más contratos.

Finalmente, solo consta una adjudicación de 18.119,75 euros por parte de Mercasa a Servinabar «por servicios de realización de informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa».

Pese a la renuncia de Castillo, el Ministerio de Hacienda mantiene no solo a Gualda, sino a otros cuatro altos cargos en ejercicio.

Una de ellas es Conchita Ordiz, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Es la instancia a la que recurren las empresas que se sienten perjudicadas en adjudicaciones de la Administración.

También continúan el actual director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), Julián Mateos Aparicio, que es el encargado de intentar recuperar la ayuda concedida a empresas como Plus Ultra o Tubos Reunidos.

Sigue igualmente la directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo.

Otro caso de renuncia hace unas semanas es el del interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, tras conocerse que ayudó a la trama desde su anterior puesto en la Sepi.