El Gobierno refuerza el control sobre los márgenes de las gasolineras para evitar especulación con las ayudas

Más ayudas, pero a la vez más controles para que no se especule con ellas. El Gobierno ha reforzado el blindaje al nuevo descuento a los carburantes aprobado el lunes para mitigar la crisis de precios, estableciendo un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución del sector. Todo comportamiento “anómalo” en este sentido, si no se subsana, implicará que la estación de servicio pase a engrosar una lista pública, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y accesible desde su página web, que servirá de base a los usuarios para presentar reclamaciones.

Las estaciones también deberán habilitar un canal de reclamación de fácil acceso y gratuito tanto en el establecimiento como en su página web, con la obligación añadida de “facilitar la identidad y contacto del distribuidor mayorista si este hubiera impuesto el precio final”, según ha aclarado este miércoles a través de una nota el Ministerio de Consumo, que ha participado en el diseño de las nuevas medidas para asegurar una mayor tutela de los usuarios.

El Gobierno dio luz verde, el pasado lunes, a una nueva batería de ayudas anticrisis valoradas en unos 1.800 millones de euros, después de que finalizara la vigencia de las medidas aprobadas en marzo para aliviar la llamarada inflacionaria que ha originado el conflicto en Oriente Próximo y que está presionando, en particular, los precios energéticos.

Aunque el nuevo paquete no prolonga la rebaja en el IVA de los carburantes que se había implementado en marzo, sí contempla una disminución en el impuesto de hidrocarburos, de 15 céntimos el litro para este mes de julio. El descuento irá descendiendo gradualmente hasta desaparecer en octubre, siempre y cuando los precios no vuelvan a encenderse, según detalla el real decreto ley publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que contiene las ayudas.

La otra novedad en este ámbito es que no solo se mantiene la vigilancia sobre los operadores del sector para evitar especulaciones con las ayudas, tal y como preveía el decreto de marzo, sino que se refuerza, como explicó el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al presentar el paquete anticrisis tras el Consejo de Ministros del pasado lunes. “Las anomalías que se detecten”, añadió el vicepresidente primero, darán lugar “a una publicación por parte de la CNMC de una lista de aquellos establecimientos, de aquellas gasolineras, que estén teniendo comportamientos anómalos en la fijación de precios”.

La CNMC, gracias a las nuevas competencias que le han sido otorgadas, es la encargada de vigilar toda la cadena de distribución de los carburantes, incluso las estaciones de servicio, para detectar eventuales especulaciones y solicitar a los operadores la información que necesite para realizar su labor. La novedad es que realizará un seguimiento reforzado de los márgenes brutos de distribución y que considerará estaciones de servicio con “posible comportamiento anómalo” aquellas que registren márgenes que se desvíen por encima de cierto nivel fijado por el mismo organismo.

Este “posible comportamiento anómalo” será puesto en conocimiento del titular o gestor de la gasolinera, al que se le requerirá justificar las desviaciones observadas o, en su caso, revertirlas. “De considerar no justificada la desviación, la Comisión acordará la inclusión de la estación en una relación pública que se mantendrá actualizada en su sede electrónica”, recoge el texto del decreto, aclarando que la inclusión por sí sola no implica sanción.

Según el Ministerio de Consumo, esta lista “no solo garantiza un mecanismo disuasorio y de señalamiento público” para reducir abusos por parte de los operadores de carburantes, sino que “servirá como base para que los consumidores puedan presentar reclamaciones al titular o gestor de la estación de carburante o, en su caso, a las autoridades competentes de consumo”.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy añade que ahora habrá una responsabilidad compartida, pues si el precio ha sido fijado por un tercero, la gasolinera deberá facilitar al consumidor su identificación. Asimismo, si la empresa rechaza la reclamación del usuario, deberá informarle de cuáles son los canales para resolver el conflicto sin acudir a los tribunales.