El sumario judicial del caso Leire Díez revela la declaración de cuatro personas no imputadas
El sumario judicial del caso Leire Díez revela que hasta cuatro personas que no están formalmente imputadas en la Audiencia Nacional —el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE antes de su llegada a La Moncloa, Juan Manuel Serrano; la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz; y dos trabajadoras de Ferraz encargadas de la gestión de gastos, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez— declararon como investigados ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y tuvieron que llamar a abogados para ser asistidos. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS avanzan que el caso se ampliará con más imputaciones, en base a la información tras los registros, requerimientos e interrogatorios enmarcados en el operativo de la semana pasada.
Aquel día, el 27 de mayo de 2025, a las 8.55, los agentes informaron a Serrano de “los hechos por los que se le investiga”: lo sitúan como “partícipe y conocedor” de la “evolución” de la actividad desplegada por la presunta trama que entre 2024 y 2025 actuó para entorpecer causas judiciales que afectaban a miembros del Gobierno o del PSOE. También le trasladaron que en su condición de “investigado no detenido” tenía derecho a un abogado, a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo. El que también fuera presidente de Correos manifestó su deseo de “no prestar declaración”. La UCO se quedó con su teléfono móvil. Lo previsible es que analicen su contenido y entreguen un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa.
En uno de los oficios que la Guardia Civil ya ha aportado a la Audiencia Nacional, se destaca la “participación” de Serrano en la supuesta trama y su “relevancia” en la “génesis” de las actuaciones que se investigan. De las conversaciones intervenidas, los agentes sostienen que “parecería incluso cómo la propia Leire le pediría permiso” para celebrar la reunión del 27 de abril de 2024 en la sede del PSOE. Se trata del encuentro en el que estuvieron Díez, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exdirector de comunicación del partido Ion Antolín, el diputado socialista Juan Francisco Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset. Una reunión en la que se presentaron “una serie de audios relacionados con las actuaciones supuestamente desarrolladas” por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La UCO sostiene que Díez fue el “principal interlocutor” con Villarejo, pero subraya que la exmilitante del PSOE realizaba una “dación de cuentas a otras personas”. Y señala como uno de los ejemplos a Serrano, a quien mantenía informado de forma continua de las actividades que ahora se investigan. Por ello, el instituto armado considera que “se encuentra vinculado” con la presunta trama y “presenta intereses en la misma”. Los agentes también resaltan que el que fuera mano derecha de Sánchez formaba parte de un grupo de WhatsApp conformado por otras tres personas, todas imputadas en la causa que dirige Pedraz: Díez, Pérez Dolset y el exsenador Gaspar Zarrías. Los agentes le ponen en su punto de mira por esa interlocución. En su comparecencia ante la UCO, Serrano se negó a declarar, pero los guardias civiles se quedaron con su teléfono móvil.
Dos trabajadoras y una abogada
El instituto armado también interrogó como investigadas a Rodríguez y San Pedro, las dos trabajadoras del PSOE que, entre otras cosas, se encargaban de gestionar los pagos en efectivo a la Secretaría de Organización. La UCO dice que las dos habrían colaborado con la presunta trama “desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada”. Los uniformados detallan que dichas funciones comprenderían: por un lado, la “gestión y coordinación” de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados, “cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político”; y, por otro lado, llevando a cabo “gestiones” que “facilitaron” el desarrollo de las reuniones mantenidas por parte de los “miembros de la organización investigada”.
Por ejemplo, la UCO muestra una conversación de WhatsApp entre Díez y San Pedro para que la administrativa del PSOE gestionara la reserva del viaje realizado por la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset el 10 de julio de 2024 a Zaragoza por una reunión que iban a mantener con “Salvador”, al que los agentes identifican con un antiguo responsable de la unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla, “que en primera instancia se hizo cargo del denominado como caso ERE”.
En otra conversación, de 6 de mayo de 2024, Díez pedía a San Pedro ayuda para acceder a la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. “Oye, hemos quedado luego con Santos [Cerdán]. Sería posible aparcar allí el coche de Juanma [Serrano] y mío?”, preguntó Díez. “Pásame la matrícula del coche que vayáis a llevar. Como no hay nadie, avisáis a Santos y subís como si estuviese en vuestra casa”, indicó San Pedro. Las dos trabajadoras socialistas se acogieron a su derecho a no declarar, pero los agentes intervinieron dos teléfonos móviles de Rodríguez —el personal y el corporativo— y otro de San Pedro.
De la Hoz, abogada que defiende a Koldo García, conocido por haber sido el asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, también compareció como investigada ante la Guardia Civil. Lo hizo porque las pesquisas judiciales la señalan como la persona que ofreció 50.000 euros a Carmen Pano —la empresaria que aseguró que llevó 90.000 euros en efectivo a Ferraz— para que cambiara su declaración a este respecto. La UCO habla de hasta cuatro reuniones en su despacho para trasladar a Pano y Álvaro Gallego —el hombre que la llevó a la sede del PSOE— esta “propuesta en nombre de terceros”. Esos terceros, de acuerdo con los agentes, son la propia Díez y otro abogado, Ismael Oliver, que también defendió a Koldo García y que está imputado como miembro de la presunta trama.
Los investigadores precisan que los 50.000 se desgranarían en 25.000 euros y el abono del alquiler de una vivienda por un valor de entre 2.500 y 2.800 euros mensuales por un tiempo entre cinco y siete años para Pano y otros 15.000 euros para Gallego. De la Hoz lo ha negado tanto en un comunicado como en un escrito enviado a la UCO en el que aporta una “cronología documentada” donde explica que su único trato con Pano y Gallego fue porque ellos ofrecieron a su despacho buscar un comprador para varias operadoras de hidrocarburos, negocio que asegura que rechazaron porque sospechaban que había un fraude de IVA. De hecho, asevera que llegó a prohibirles la entrada a su bufete.
La Guardia Civil también señala a De la Hoz como puerta de entrada a algunos investigados que la presunta trama creía que podían aportar información importante. En este sentido, la UCO refleja una conversación entre Díez y Teijelo donde él pregunta: “¿Alguien ha ofrecido a [Antonio Rodríguez] Estepa ir a Fiscalía?”. “Yo no. Pero no descartes que Leticia no lo haya dejado caer. Porque en eso Leticia aún tiene mucho que aprender a ser discreta”, replicó Díez. En otra conversación, De la Hoz dijo a Leire: “Has leído la denuncia de Estepa? (…) tenemos que hacer algo con esto YA!! Es que tengo a Estepa preguntándome con ganas de colaborar”.
Registros de llamadas de Cerdán y Zarrías
La UCO también pidió al juez que, como parte de sus pesquisas, reclamara a empresas de telefonía los registros de llamadas y paquetes de datos de Cerdán y el ex alto cargo del PSOE Gaspar Zarrías, así como de Oliver, Pérez Dolset y de la periodista fallecida Patricia López. Fuentes jurídicas aseguran que el instructor ha accedido a esta petición.
La Guardia Civil quiere “conocer las llamadas, tanto entrantes como salientes, que pudiesen haber mantenido, así como el momento en el que tuvieron lugar, la localización y la duración de dichas comunicaciones, al constituir información relevante tanto para la contextualización de las distintas líneas de acción emprendidas por la organización, como para la determinación del grado de participación y coordinación existente entre los distintos miembros del grupo”. Asimismo, los agentes reclaman “todos los eventos de comunicación de voz, SMS y datos de entrada y salida con la localización respectiva”.
