El TEDH no admite la demanda sobre inmersión lingüística en Canet de Mar

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el grupo de familias de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que consideró vulnerado el derecho a la inmersión lingüística después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) obligara a impartir al menos el 25% de las clases en castellano en un aula de su centro. El tribunal alega que prohibir el uso del castellano como lengua vehicular privaría a los ciudadanos de su derecho a ser educados en la lengua nacional.

La sentencia es sobre el caso concreto de la escuela Turó del Drac y no sobre el sistema educativo catalán, pero es la primera vez que un tribunal europeo se pronuncia tan claramente a favor de la oficialidad del castellano como lengua vehicular. La decisión supone un varapalo para la mayoría de fuerzas políticas catalanas que rechazan el modelo de porcentajes de las lenguas en las escuelas, así como para las plataformas por la lengua como Òmnium Cultural que acompañó a estas familias en el proceso jurídico. Esta decisión, además, se ha conocido antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la inmersión.

El conseller de Política Linguística, Francesc Xavier Vila, restó importancia a la repercusión de esta resolución, señalando que el tribunal europeo no ha entrado a analizar “el fondo” de la cuestión y que su declaración “no tiene ningún impacto” en la normativa catalana que avala la inmersión y garantiza que los alumnos adquieren “competencia plena” en ambas lenguas. Los servicios jurídicos de la Generalitat, dijo, están analizando la resolución.

El caso sobre el que el tribunal no ha admitido a trámite generó un conflicto educativo y social en diciembre de 2020, después de que el TSJC obligara a la escuela Turó del Drac a impartir el 25 % del horario escolar en castellano en la clase de I5 a la que asistía entonces la hija de los denunciantes. Tras la sentencia definitiva en 2023, los padres en contra de esta decisión recurrieron Tribunal Supremo y al Constitucional, que, como en el caso de Estrasburgo, no admitieron la causa.

El TEDH argumenta en el escrito de inadmisión que en el caso de la escuela de Canet, la decisión judicial no derogó la política lingüística de la escuela, sino que “se limitó a aumentar el uso del castellano en una o más asignaturas”, sin modificar el uso preponderante del catalán. Con ello se lograba un “equilibrio adecuado” entre la preservación de la unidad del sistema educativo y la promoción de la diversidad lingüística.

El TEDH alega que Catalunya es un territorio bilingüe con dos lenguas oficiales, pero solo una “oficial en todo el territorio nacional”, por lo que prohibir su uso como lengua vehicular privaría a los ciudadanos de su derecho a ser educados en la lengua nacional.

En este sentido, entiende que recibir educación en la lengua española es “fundamental” para facilitar la igualdad de acceso de los alumnos al sistema educativo estatal y para preservar el principio de unidad del sistema educativo. Además, critica que enseñar exclusivamente en catalán sitúa en una “desventaja significativa” a las familias hispanohablantes que residen temporal o permanentemente en Catalunya, que tienen el derecho y el deber de aprender castellano.

Òmnium Cultural reaccionó con un comunicado en el que critica al TEDH por ignorar el modelo lingüístico emanado de una ley del Parlament respaldada mayoritariamente. La entidad apuntó que el escrito del TEDH “no impone ningún porcentaje, no resuelve la constitucionalidad de la ley catalana de 2022 y no anula el margen de las instituciones catalanas para proteger el catalán”. Orilla, en definitiva, “un conflicto político mucho más profundo, que no solo afecta a un modelo pedagógico, educativo o lingüístico”. La entidad por la lengua recordó que el Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa rechazaba la fijación de porcentajes lingüísticos