Gobierno da por hecho que la regularización de migrantes no será frenada por la justicia

El Gobierno da por hecho que ninguna resolución judicial sobre la regularización extraordinaria de migrantes llegará a tiempo para frenar la medida. En el Ejecutivo sostienen que la iniciativa —que concederá papeles a en torno a un millón de inmigrantes en situación irregular— ha sido analizada en profundidad, por lo que confían en que los tribunales acabarán respaldando su legalidad. Pero incluso en el supuesto de que la justicia terminara fallando en contra, Moncloa cree que cualquier pronunciamiento se produciría cuando el proceso ya estuviera culminado, lo cual haría imposible revocar cualquier autorización de residencia y trabajo ya concedida. "No puede retirar permisos ya concedidos", subrayan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, sin embargo, sí que reconocen que acelerarán los trámites, por si acaso, para que se resuelvan todas las solicitudes cuanto antes.

Este martes, coincidiendo con el día en el que vencía el plazo para presentar las solicitudes de regularización, el Tribunal Supremo ha planteado la posibilidad de llevar el proceso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que valore si entra en conflicto con el derecho comunitario y, en concreto, con el Pacto de Migración y Asilo aprobado en 2024. El alto tribunal ha dictado dos providencias en respuesta a los recursos interpuestos por los gobiernos de Comunidad Valenciana y Aragón contra el decreto del Gobierno, y les da a ambas un plazo de cinco días para que digan si creen necesario trasladar esta cuestión al tribunal europeo para que formule una "cuestión prejudicial interpretativa".

Esa fecha límite estaría, según los cálculos del Ejecutivo, en torno al próximo 7 de julio. Pero incluso en el caso de que ambas autonomías pidan elevar el asunto a Europa, el proceso podría alargarse varios meses hasta que el TJUE fallase al respecto. Y el Gobierno es consciente de ello. En la Moncloa saben que el tiempo juega a su favor, pues el proceso de regularización echó a andar hace ya dos meses y medio y el ritmo de concesiones está siendo relativamente ágil. Los últimos datos, de hace casi un mes, hablaban de cerca de un millón de solicitudes de regularización y 360.000 expedientes admitidos a trámite. Con toda probabilidad, esa cifra será aún mayor unas semanas después, pero el Ejecutivo ha abogado por guardarse las espaldas y acelerar los trámites para ganar una mayor ventaja a los tribunales.

Fuentes del departamento que dirige Elma Saiz recuerdan que la mera admisión de una solicitud de regularización ya concede automáticamente el permiso para residir y trabajar en España. Es como una regularización provisional, hasta que llegue la definitiva. Y eso, aseguran, ya protege a todos los solicitantes de cualquier posible revocación de la medida. Por eso están intentando "agilizar al máximo" el proceso en esta semana que transcurrirá hasta que el Supremo vuelva a pronunciarse sobre el tema, de tal modo que cuando llegue el 7 de julio ya se hayan concedido el mayor número de autorizaciones, si no todas.

"Los plazos de la regularización son más rápidos"

Según los cálculos del Gobierno, teniendo en cuenta que las regularizaciones se resuelven en un plazo máximo de tres meses, las últimas solicitudes (presentadas este mismo martes, 30 de junio) se resolverían a finales de septiembre, como tarde. Un escenario que ven muy cercano como para que dé tiempo a gestionar todos los trámites que se deben realizar antes de enviar el caso a la Unión Europea. "En el caso futurible de una resolución, prácticamente la totalidad de las regularizaciones estarían resueltas. Los plazos de la regularización son mucho más rápidos que los del TJUE", subrayan las mismas fuentes, que insisten en que el tribunal europeo "no puede retirar permisos ya concedidos".

En cualquier caso, el ministerio está muy seguro de la solvencia de una norma que, defiende, ha pasado por todos los filtros y cuenta con el aval del Consejo de Estado. Recuerda, además, que el Supremo ya rechazó las cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid y Vox, y que nada indica, de momento, que vaya a dar un giro de opinión con estos nuevos recursos. "Estamos absolutamente convencidos de que el proceso encaja en el ordenamiento jurídico europeo", subrayan en Inclusión, que defienden que este tipo de procedimientos se enmarcan en la normalidad. Aun así, el ministerio asegura estar trabajando en coordinación con la Abogacía del Estado para "aclarar las cuestiones planteadas" en sus alegaciones al Supremo.